Myanmar estudia aplicar pena de muerte a estafadores de criptomonedas que usan violencia

Myanmar plantea la pena de muerte para estafadores violentos de criptomonedas

El gobierno militar de Myanmar ha propuesto una nueva legislación que incluye la pena de muerte para criminales que utilicen violencia, tortura o detenciones ilegales para obligar a víctimas a trabajar en centros de estafas con criptomonedas. Según el proyecto de ley del "Anti-Online Scam Bill", publicado por el medio singapurense CNA, la medida se aplicaría a quienes cometan estos actos con el fin de forzar a terceros a participar en fraudes digitales.

La normativa también establece que los responsables de dirigir estos centros de estafas o llevar a cabo operaciones con criptomonedas podrían enfrentar cadena perpetua. Sin embargo, aún no está claro si esta sanción se aplicaría a las víctimas que sean obligadas a cometer estos delitos bajo coacción.

Redadas controvertidas y acusaciones de simulación

El pasado noviembre, el ejército de Myanmar llevó a cabo una redada en el complejo de estafas KK Park, cerca de la frontera con Tailandia. Aunque las imágenes mostraban escenas de víctimas huyendo y arrestos, analistas y medios locales como The Irrawaddy y Myanmar Witness sugirieron que la operación tenía un fin propagandístico. Se acusó al gobierno militar de realizar estas acciones "para dar buena imagen" mientras protegía a los verdaderos cabecillas de las redes de estafas.

El presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, conmutó todas las penas de muerte a cadena perpetua el pasado mes de octubre, lo que añade incertidumbre sobre la aplicación real de esta nueva propuesta legislativa.

El auge de los complejos de estafas en el sudeste asiático

El negocio de las estafas con criptomonedas ha proliferado en la región, con numerosos complejos operando en Myanmar, Camboya y Laos. Uno de los casos más sonados es el de Chen Zi, CEO del grupo Prince Group, cuya fortuna de 1.150 millones de dólares fue congelada por un tribunal de Hong Kong. Chen, actualmente detenido en China tras su extradición desde Camboya en enero, es acusado de dirigir una red criminal que incluía centros de estafas con criptomonedas.

Chen y su empresa fueron sancionados el año pasado por Estados Unidos y Reino Unido, junto a otro conglomerado acusado de estafas: el grupo Huione. Su brazo financiero, Huione Pay, perdió su licencia bancaria en 2023. Además, se descubrió que un primo del primer ministro de Camboya poseía el 30% de esta empresa vinculada a estafas.

Otra entidad afectada fue Panda Bank, cuya licencia fue revocada en febrero de 2024. Sus liquidadores anunciaron ayer la eliminación de su aplicación de las tiendas digitales debido a la vinculación de sus líderes con operaciones fraudulentas.

Contexto y reacciones internacionales

La industria de las estafas con criptomonedas, valorada en miles de millones, ha generado una ola de operaciones en el sudeste asiático, donde bandas criminales operan con relativa impunidad. Aunque algunos gobiernos, como el de China, han intensificado las medidas contra estos delitos, la corrupción y los lazos con élites políticas en países como Camboya han dificultado su erradicación.

Mientras Myanmar debate esta nueva ley, la comunidad internacional observa con atención las acciones de sus autoridades, cuestionando si las medidas anunciadas buscan realmente combatir el crimen o solo mejorar la imagen del régimen militar.