Trump intenta revocar la ciudadanía a cientos de estadounidenses: ¿qué dice la ley?

El Gobierno de Trump acelera los intentos de denaturalización

Cada pocos meses, la administración Trump anuncia nuevas medidas para intentar revocar la ciudadanía estadounidense. La última iniciativa, revelada por The New York Times, consiste en iniciar el proceso de denaturalización para más de 300 ciudadanos actuales, lo que supondría el mayor esfuerzo de este tipo en la historia reciente de EE.UU.

¿Qué dice la Constitución sobre la denaturalización?

La Constitución de EE.UU. establece límites claros sobre quién puede perder la ciudadanía. En primer lugar, no es posible revocar la ciudadanía de un ciudadano por nacimiento, es decir, a quienes la obtuvieron al nacer en territorio estadounidense o por ser hijos de ciudadanos estadounidenses. La Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1869, protege este derecho y lo sitúa fuera del debate político ordinario.

En cambio, la denaturalización solo afecta a ciudadanos naturalizados, es decir, a quienes obtuvieron la ciudadanía mediante un proceso legal. Sin embargo, incluso en estos casos, las leyes son estrictas y requieren pruebas contundentes de fraude o incumplimiento grave de los requisitos.

Casos históricos y evolución legal

La denaturalización no siempre ha estado tan regulada. Durante la Primera Guerra Mundial, el Gobierno de Woodrow Wilson persiguió a activistas como Emma Goldman, acusada de actividades antiamericanas. Las autoridades anularon primero la ciudadanía de su esposo por presunto fraude y luego argumentaron que su matrimonio le daba derecho a ella. Goldman aceptó su deportación a la URSS en 1919.

Ante estos abusos, en 1940, el Congreso y la administración de Franklin D. Roosevelt aprobaron la Ley de Nacionalidad, que estableció las condiciones bajo las cuales un ciudadano podía perder su nacionalidad. El Tribunal Supremo resumió esas condiciones en una lista exhaustiva:

• Adquirir la ciudadanía de otro país;
• Jurar lealtad a un Estado extranjero;
• Ingresar o servir en las fuerzas armadas de otro país;
• Trabajar para un gobierno extranjero en un puesto reservado solo a sus nacionales;
• Votar en elecciones políticas extranjeras;
• Usar un pasaporte extranjero como nacional de ese país;
• Renunciar formalmente a la ciudadanía estadounidense ante un funcionario consular en el extranjero;
• Abandonar las fuerzas armadas de EE.UU. en tiempo de guerra (tras ser condenado por un tribunal militar);
• Para ciudadanos naturalizados: residir en el país de su antigua nacionalidad durante dos años si adquieren la ciudadanía de ese Estado;
• Para ciudadanos naturalizados: residir en el país de su antigua nacionalidad durante tres años.

¿Qué implica el plan actual del Departamento de Justicia?

El anuncio del Departamento de Justicia sobre la denaturalización de más de 300 personas se enmarca en una estrategia más amplia para revisar casos de ciudadanos naturalizados. Sin embargo, los expertos señalan que el proceso será largo y complejo, ya que cada caso deberá demostrar fraude o incumplimiento grave de los requisitos de naturalización.

Además, los defensores de los derechos civiles advierten que este tipo de iniciativas pueden generar un clima de miedo e incertidumbre entre las comunidades de inmigrantes, incluso si no afectan directamente a la mayoría de los ciudadanos naturalizados.

Conclusión: ¿hasta dónde puede llegar Trump?

Aunque la administración Trump ha intensificado sus esfuerzos, las leyes y la Constitución limitan su capacidad para revocar la ciudadanía. Los casos de denaturalización requieren pruebas sólidas y procesos judiciales individuales, lo que dificulta una aplicación masiva. No obstante, el debate sobre la integridad de la ciudadanía sigue abierto, especialmente en un contexto político polarizado.