Un tribunal de Texas frena al Gobierno federal por intentar vigilar transacciones inmobiliarias en efectivo

Comprar una vivienda al contado mediante una sociedad limitada (LLC) para ahorrar en financiación y proteger el patrimonio personal es una práctica habitual en Estados Unidos. Sin embargo, una norma aprobada en 2024 por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) habría convertido automáticamente este tipo de transacciones en «sospechosas», obligando a su notificación al Gobierno federal. La medida afectaría entre 800.000 y 850.000 operaciones anuales, con un coste de cumplimiento superior a 500 millones de dólares.

Pero un tribunal federal en el Distrito Este de Texas ha frenado en seco esta iniciativa. En una sentencia emitida en marzo, el juez Jeremy Kernodle determinó que FinCEN se excedió en sus competencias al aprobar la norma. En el caso Flowers Title Companies v. Bessent, el magistrado anuló por completo la regulación, eliminando su aplicación para todos los afectados.

FinCEN argumentó que las compras inmobiliarias no financiadas a través de entidades o fideicomisos son «categóricamente sospechosas» porque algunos actores delictivos las han utilizado para blanquear dinero. La agencia citó un estudio según el cual el 42% de las transacciones cubiertas involucraba a partes ya señaladas por actividades sospechosas en otros contextos. Sin embargo, el tribunal no aceptó este razonamiento.

El juez Kernodle aclaró que el mero hecho de que algunos malos actores hayan realizado este tipo de transacciones no convierte en sospechosas a todas ellas. Además, cuestionó la fiabilidad de la estadística, ya que provenía de una muestra limitada y no representativa a nivel nacional. También advirtió que los bancos podrían estar sobrerreportando transacciones sospechosas.

Como alternativa, FinCEN recurrió a otra disposición de la Ley de Secreto Bancario, que permite exigir a las instituciones financieras el mantenimiento de «procedimientos adecuados, incluida la recopilación y notificación de cierta información». Pero el tribunal rechazó este argumento, ya que aceptarlo habría permitido a la agencia eludir los límites impuestos por el Congreso.

La demandante en este caso es Celia Flowers, fundadora de Flowers Title Companies, una empresa familiar que opera en más de 80 condados de Texas y atiende a miles de compradores de propiedades cada año. Bajo la norma de FinCEN, la compañía habría tenido que recopilar y reportar páginas de información personal de cada cliente que pagara en efectivo. Esto habría supuesto nuevos procedimientos, contratación de personal adicional, mayores costes legales y el riesgo constante de sanciones por errores involuntarios. Peor aún, habrían sido obligados a actuar como informantes del Gobierno federal sobre sus propios clientes.

«Es un extraño premio para una vida dedicada al emprendimiento», declaró Flowers, quien lleva décadas construyendo su negocio. Su caso refleja la lucha de pequeños empresarios contra regulaciones que, en nombre de la lucha contra el blanqueo de capitales, imponen cargas desproporcionadas a actividades legítimas.