Brasil sigue otorgando licencias mineras en la Amazonía pese a evidencias de lavado de oro

Mercurio en el plato: la amenaza silenciosa de la minería en la Amazonía

En la cocina de Alnice Poxo Munduruku, el pescado fresco mantiene vivas las tradiciones ancestrales de quienes habitan las orillas del río Tapajós. Mientras el fuego arde, la familia limpia el pescado, pero mantiene una vigilancia constante sobre Aleckson, un niño de 11 años. Nacido con parálisis cerebral, su movilidad y habla están limitadas desde el nacimiento, y desde entonces requiere cuidados constantes. Como todos en la comunidad, adora el pescado. Sin embargo, el alimento que llega a su mesa lleva un peligro invisible: pruebas realizadas por científicos de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelan que Aleckson, sus padres y casi todos los vecinos tienen niveles de mercurio por encima de los límites seguros.

La investigación de Fiocruz señala que la contaminación proviene de la minería de oro, donde el mercurio se utiliza para separar el metal y luego se filtra en los ríos, incorporándose a la cadena alimentaria. Este envenenamiento no solo es consecuencia de la minería ilegal, sino también de decisiones y omisiones del gobierno brasileño.

Permisos mineros con irregularidades: el lavado de oro en la Amazonía

Una investigación exclusiva de InfoAmazonia ha descubierto que la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil mantiene permisos de explotación con señales de irregularidades. Entre ellas, destaca la declaración de producción de oro sin pruebas de extracción que respalden los volúmenes declarados. Este mecanismo, identificado por órganos de control como lavado de oro, sigue vigente a pesar de las advertencias.

Los Permisos de Lavra Garimpeira (PLG), creados en 1989 para regular la minería durante la fiebre del oro del Tapajós (finales de los 70 y 90), fueron concebidos como una autorización simplificada para operaciones artesanales de bajo impacto. Sin embargo, décadas después, lo que comenzó como minería a pequeña escala se ha convertido en extracción a escala industrial, con maquinaria pesada, dragas y mercurio. Estos permisos ahora otorgan una apariencia de legalidad a grandes operaciones ilegales en la región, eludiendo los límites legales establecidos.

Advertencias ignoradas y esquemas de lavado de oro

Durante más de una década, los órganos de control han alertado a la ANM sobre el uso irregular de los PLG. En 2022, la Contraloría General de la Unión (CGU) detectó una serie de ilegalidades en una auditoría. Al año siguiente, la Operación Sisaque, llevada a cabo por la Policía Federal (PF), la Receita Federal y el Ministerio Público Federal (MPF), destapó uno de los mayores esquemas de lavado de oro de la Amazonía, que operaba con PLG en el Tapajós. En 2025, el Tribunal de Cuentas de la Unión llegó a conclusiones similares, identificando fallos estructurales que permiten legalizar oro de origen ilegal.

Pese a ello, los datos recopilados por InfoAmazonia muestran que, entre 2022 y 2026, de los 540 PLG que declararon ventas de oro en la cuenca del río Tapajós, 263 (el 48%) no presentaban pruebas de extracción que respaldaran los volúmenes declarados. Esto sugiere que estos permisos podrían estar siendo utilizados para lavar oro extraído ilegalmente en otras zonas, una práctica conocida como "lavado de oro".

Proximidad sospechosa: la conexión entre minería legal e ilegal

Alrededor del 70% de la actividad minera en la región se concentra en un radio de 10 kilómetros alrededor de los PLG que declararon producción de oro. Esta cercanía indica que operaciones mineras ilegales —incluidas las que se desarrollan en áreas protegidas y tierras indígenas— podrían estar utilizando estos permisos para introducir su oro en el mercado formal.

Datos oficiales revelan que casi el 60% del oro comercializado legalmente en Brasil ha pasado por estos permisos, lo que refuerza la sospecha de que el sistema facilita la entrada de oro de dudosa procedencia. Mientras tanto, comunidades como la de Aleckson siguen expuestas a los efectos devastadores del mercurio, un problema que trasciende lo ambiental para convertirse en una cuestión de salud pública y justicia social.

"La minería ilegal y el lavado de oro no son solo un delito ambiental, sino también un crimen contra las comunidades indígenas y ribereñas que ven cómo su salud y su forma de vida se ven destruidas por la codicia".
— Investigador de Fiocruz