California destruye 32.000 árboles por un insecto invasor: el dueño de un vivero demanda al estado por pérdidas millonarias

Mark Collins, propietario del vivero Evergreen Wholesale en San Diego, lleva más de cuatro décadas cultivando cítricos en sus 93 hectáreas. Este año, sin embargo, estuvo a punto de cerrar su negocio tras la destrucción masiva de más de 32.000 plantas por parte del Departamento de Agricultura de California (CDFA), que actuó bajo regulaciones sanitarias para combatir una plaga invasora. Collins ha interpuesto una demanda federal contra el estado, reclamando una indemnización de hasta 3 millones de dólares por los daños sufridos.

La polémica gira en torno al psílido asiático de los cítricos (ACP), un insecto diminuto —de apenas tres milímetros— que transporta la bacteria Candidatus Liberibacter, causante del enverdecimiento de los cítricos o huanglongbing. Esta enfermedad, incurable y letal para los árboles, provoca frutos amargos y verdes, y puede matar a un cítrico en pocos años. Aunque no afecta a humanos ni animales, ha devastado cultivos en Florida y amenaza con hacer lo mismo en California.

El ACP se detectó por primera vez en California en 2008 y desde entonces se ha extendido por el sur del estado. Ante el riesgo, en 2018 las autoridades estatales establecieron una zona de cuarentena de cinco millas alrededor de cualquier planta infectada, con medidas estrictas para evitar la propagación. Collins, que también vivió en Florida y conoce bien los efectos del ACP, argumenta que su vivero en Escondido —una zona menos húmeda— no es un hábitat ideal para la plaga. A pesar de ello, tomó precauciones: construyó un ACP house (un invernadero especializado) y aplicó tratamientos preventivos en sus plantas y suelo.

Sin embargo, en noviembre de 2023, según la demanda presentada por Collins, el CDFA declaró una zona de cuarentena basada en un hallazgo de huanglongbing «no revelado» a cinco millas de su propiedad. La zona afectaba solo a una esquina de su terreno, donde, según él, no había cítricos. Las autoridades le dieron tres opciones «imposibles»: trasladar todos sus árboles a estructuras resistentes a insectos y vender solo dentro de la cuarentena tras dos años; plantar todos los árboles en tierra —algo que, según Collins, le llevaría años y no cabría en su propiedad—; o, la opción elegida por el estado: la destrucción de su stock.

Collins optó por la primera alternativa, pero asegura que el CDFA se negó a colaborar y le impuso plazos inalcanzables. En mayo de 2025, durante una audiencia administrativa, el CDFA no pudo presentar pruebas de la presencia del ACP en su propiedad, y Collins insistió en que sus árboles estaban sanos. A pesar de ello, un juez ordenó la destrucción de sus plantas. En enero de 2024, empleados del estado llegaron a su vivero para arrasar con sus cultivos.

La demanda de Collins acusa al CDFA de actuar con negligencia y falta de transparencia, ya que, según él, las pruebas que justificaron la cuarentena nunca se hicieron públicas. Además, cuestiona la eficacia de las medidas, dado que el ACP ya estaba extendido en California y las restricciones no evitaron su propagación. El caso reabre el debate sobre el equilibrio entre protección agrícola y derechos de los agricultores, especialmente en un sector ya golpeado por sequías y cambios climáticos.