El Gobierno del expresidente Donald Trump prepara una normativa que penalizará a adultos jóvenes con discapacidad, como Shy’tyra Burton, si residen con sus padres. Según fuentes internas y documentos federales, la medida reduciría sus ayudas sociales hasta en un 33%, lo que en el caso de Burton supondría una pérdida de unos 330 dólares mensuales.

Burton, de 22 años, nació prematuramente en una familia humilde de Filadelfia. Debido a graves problemas de salud —incluyendo la imposibilidad de respirar o tragar sin ayuda médica—, pasó los primeros cuatro años de su vida ingresada en centros hospitalarios. Los médicos le diagnosticaron múltiples discapacidades intelectuales y del desarrollo, con un cociente intelectual inferior a 70. A pesar de graduarse en un programa de educación especial y de intentar estudiar en la universidad comunitaria, Burton no logró adaptarse a las exigencias básicas de un empleo, como trabajar en un McDonald’s.

Tras evaluaciones médicas y psicológicas, y una audiencia judicial, el Gobierno federal le aprobó el acceso al Programa de Ingresos Suplementarios (SSI), que proporciona una renta básica a personas con discapacidades graves y a mayores en situación de pobreza. Para Burton, los 994 dólares mensuales que recibe son esenciales, pero insuficientes para vivir de forma independiente. Por ello, sigue compartiendo hogar con su padre, un trabajador municipal de Filadelfia que gana unos 2.000 dólares al mes.

La nueva regulación, impulsada por altos cargos de la Casa Blanca y del Departamento de Eficiencia Gubernamental, propone deducir el valor de la habitación de los adultos con discapacidad de su asignación del SSI, incluso si sus familias también reciben ayudas como los cupones de alimentos (SNAP). Esta medida afectaría especialmente a familias de bajos ingresos, muchas de ellas en estados conservadores, donde miles de personas con discapacidad dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas.

El intento de recortar el SSI para familias que también reciben SNAP no es la primera vez que la administración Trump intenta reducir las ayudas por discapacidad. En 2020, el Gobierno abandonó un plan similar tras la denuncia de medios como ProPublica, que revelaron el perjuicio que causaría a cientos de miles de trabajadores de clase media en estados republicanos. Aunque la Administración prometió no tocar las pensiones por jubilación del sistema de la Seguridad Social, sí ha reducido progresivamente otros programas de asistencia social.

La normativa en preparación afectaría no solo a jóvenes con síndrome de Down o autismo grave que viven con sus padres, sino también a personas con otras discapacidades que, debido a su situación económica, no pueden independizarse. Expertos en derechos sociales advierten que esta medida agravará la precariedad de miles de familias ya vulnerables, obligándolas a elegir entre el apoyo familiar o la pérdida de ayudas vitales.

Fuente: ProPublica