El Gobierno federal no puede imputar por 'terrorismo doméstico': ¿por qué?

La paradoja del 'terrorismo doméstico' en EE.UU.: sin ley, pero con etiquetas peligrosas

El vicepresidente J.D. Vance y la secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, calificaron a Renée Good, una activista tiroteada tres veces por un agente de inmigración federal, como 'terrorista doméstica'. Dos semanas después, tras recibir al menos diez disparos, Alex Pretti fue descrito por Stephen Miller, jefe adjunto de la Casa Blanca, como 'un terrorista doméstico que intentó asesinar a agentes federales'.

En octubre de 2025, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó cinco veces contra Marimar Martinez dentro de su coche. A diferencia de Good y Pretti, Martinez sobrevivió. El DHS la tachó de 'terrorista doméstica' por supuestamente 'embestir' el vehículo policial, aunque las pruebas judiciales demostraron que los agentes chocaron primero contra su coche antes de abrir fuego. Pese a ello, el DHS mantuvo su acusación.

¿Qué dice la ley federal?

Aunque el Gobierno utiliza con frecuencia el término 'terrorismo doméstico', no existe una ley federal que permita imputar a alguien por este delito. La legislación define el terrorismo doméstico como actos criminales 'peligrosos para la vida humana', con intención de intimidar a civiles o influir en políticas gubernamentales. Sin embargo, como aclaró el FBI en un memorando de noviembre de 2020, esta definición es 'una ley de carácter descriptivo, no de imputación'.

El FBI prefiere el término 'extremismo violento doméstico', ya que 'la ideología subyacente y su promoción no están prohibidas por la ley estadounidense'. Aun así, las directrices de sentencia federal permiten aplicar penas agravadas si el delito está relacionado con terrorismo internacional o doméstico, lo que abre la puerta a posibles abusos.

Un precedente peligroso: el caso de los Proud Boys

Durante el juicio por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, los fiscales alegaron que la violencia de la turba era 'similar a volar un edificio'. Aunque el juez Timothy J. Kelly discrepó, consideró que 'el momento constitucional que vivimos merecía una condena severa'. Aplicó las agravantes por terrorismo y sentenció a cada miembro de los Proud Boys a más de una década de prisión. (Todos recibieron un indulto presidencial en 2025).

El riesgo de ampliar el poder estatal bajo el pretexto de la seguridad

En los últimos 25 años, el Gobierno ha demostrado su disposición a aprovechar cualquier oportunidad para aumentar su poder en nombre de la lucha contra el 'terror', tanto en el país como en el extranjero. La administración Trump ya ha afirmado tener autoridad para etiquetar a personas como 'terroristas domésticos' por ofensas como 'antiestadounidenses, anticapitalistas o antirreligiosos'. El FBI, por su parte, usó el 6 de enero como justificación para intensificar la vigilancia sobre ciudadanos que se oponían al entonces presidente Joe Biden.

Ante este escenario, es crucial cuestionar cualquier expansión adicional de poder que, bajo la bandera de combatir el 'terror', pueda erosionar libertades fundamentales.

La definición de 'terrorismo doméstico' es ambigua y su aplicación, arbitraria. Sin una ley clara, el término se convierte en una herramienta política más que en un delito concreto.