Estados aprueban leyes para proteger a petroleras de demandas climáticas

Una ofensiva legal para blindar a las petroleras

En al menos once estados de EE.UU., mayoritariamente con gobiernos republicanos, se han aprobado o debaten quince leyes diseñadas para proteger a las empresas de petróleo y gas de demandas por su responsabilidad en los daños climáticos. Estas normativas buscan eliminar herramientas legales que permiten a la ciudadanía exigir responsabilidades a las corporaciones.

Una estrategia coordinada desde grupos conservadores

Una investigación de ProPublica revela que esta ofensiva forma parte de un plan orquestado por organizaciones vinculadas al activista conservador Leonard Leo, conocido por impulsar la designación de jueces conservadores en el Tribunal Supremo de EE.UU. Estas entidades, financiadas y conectadas entre sí, han redactado proyectos de ley, coordinado su promoción y contratado a firmas de lobby para lograr su aprobación.

El esfuerzo coincide con un aumento de más de treinta demandas presentadas por estados, condados y municipios contra las empresas de combustibles fósiles. Estas acusan a las compañías de ocultar los riesgos de sus productos y buscan compensación por desastres naturales —como incendios forestales o inundaciones— vinculados al cambio climático.

Bloquear demandas y evitar futuras reclamaciones

El objetivo de estas leyes es impedir que los casos lleguen a los tribunales y evitar que se presenten nuevas demandas. La estrategia se detalló en diciembre de 2023 durante un panel en la cumbre anual del Consejo de Intercambio Legislativo entre Estados y Naciones (ALEC), una organización que reúne a legisladores, empresarios y activistas conservadores para impulsar leyes modelo.

Durante la sesión, Will Hild, director ejecutivo de Consumers’ Research —una organización financiada por grupos vinculados a Leo—, comparó las demandas climáticas con un intento liberal de «imponer un nuevo impuesto» a las energéticas mediante sentencias judiciales. Por su parte, Oramel H. Skinner, exfiscal general de Arizona y director de Alliance for Consumers (otra entidad financiada por Leo), advirtió que estas sentencias encarecerían la vida de los ciudadanos y podrían limitar decisiones cotidianas, como comprar un pickup o carne de res.

Financiación y lobby: el entramado detrás de las leyes

ProPublica analizó registros de lobby en 25 estados, declaraciones fiscales federales de más de una docena de organizaciones y actas de reuniones estratégicas de ALEC. Los datos confirman que varias entidades apoyadas por Leo forman parte de una campaña nacional para otorgar inmunidad legal a las empresas por sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde 2021, estos grupos han promovido modelos de ley en cámaras estatales, organizado campañas de presión y asegurado el respaldo de legisladores afines. Su objetivo es claro: neutralizar el poder de los tribunales como vía para exigir responsabilidades ambientales.

El contexto: demandas climáticas en aumento

Las empresas de combustibles fósiles enfrentan actualmente más de treinta demandas en EE.UU. presentadas por gobiernos locales y estatales. Estas incluyen casos como el de Massachusetts contra ExxonMobil, que acusa a la compañía de engañar a los inversores sobre los riesgos climáticos, o demandas en California y Colorado por los costes de incendios forestales y sequías.

En respuesta, las petroleras han recurrido a estrategias legales para retrasar los procesos, como argumentar que los casos deben ser dirimidos por tribunales federales en lugar de estatales. Sin embargo, los estados promotores de estas nuevas leyes buscan cerrar esa vía, asegurando que los litigios queden fuera del alcance de la justicia.

¿Qué proponen las nuevas leyes?

Los proyectos de ley presentados en estados como Texas, Oklahoma, Louisiana y West Virginia incluyen medidas como:

• Plazos reducidos para presentar demandas: Limitar el tiempo en el que los afectados pueden reclamar daños, dificultando la presentación de casos.
• Inmunidad legal para emisiones: Eximir a las empresas de responsabilidad por los impactos climáticos derivados de sus operaciones.
• Restricciones a demandas colectivas: Dificultar la agrupación de demandantes en casos masivos.
• Protección contra demandas futuras: Prohibir que nuevos casos sean admitidos si se basan en hechos similares a litigios anteriores.

Reacciones y críticas

Críticos denuncian que estas leyes benefician exclusivamente a las grandes corporaciones y privan a los ciudadanos de herramientas para defender sus derechos. Organizaciones ecologistas como Earthjustice y Center for Climate Integrity han advertido que la estrategia busca silenciar las voces de las comunidades afectadas por la crisis climática.

Por su parte, los defensores de las leyes argumentan que son necesarias para evitar demandas frívolas que, según ellos, buscan imponer cargas económicas injustas a las empresas energéticas. Sin embargo, los registros muestran que muchas de estas iniciativas han sido impulsadas por grupos con intereses directos en el sector, lo que genera dudas sobre su imparcialidad.

«Estas leyes no protegen a las empresas de la contaminación que causan, sino que protegen a las empresas de tener que rendir cuentas por ella». — Richard Wiles, presidente del Center for Climate Integrity