Fiscalía General pide al Supremo anular norma de eficiencia energética que prohíbe calderas no condensantes

El pasado mes de noviembre, un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. de EE.UU. respaldó una norma de eficiencia energética del Departamento de Energía (DOE) para calderas de gas natural y calentadores de agua comerciales. Esta regulación, que entró en vigor en diciembre de 2021, prohibió efectivamente la comercialización de unidades no condensantes en el mercado.

La decisión del tribunal podría haber sido justificable bajo el precedente Chevron, pero, como demostró el voto particular de la jueza Rao, resultaba difícil de conciliar con la interpretación estatutaria establecida en el caso Loper Bright Enterprises.

En aquel momento, surgió la duda sobre por qué la Administración Trump permitió que el caso llegara a sentencia definitiva. El Gobierno podría haber solicitado al Tribunal de Apelaciones suspender el fallo mientras el DOE revisaba la norma, pero no lo hizo.

A principios de enero, una coalición de grupos industriales presentó una petición de certiorari ante el Supremo en el caso American Gas Association v. Department of Energy. Ayer, la Fiscalía General presentó su respuesta, solicitando al alto tribunal que anule el fallo y devuelva el caso al tribunal inferior por error en su interpretación.

En su escrito, la Fiscalía argumenta que los peticionarios tienen razón al señalar que el DOE, en su norma interpretativa de diciembre de 2021 y los estándares de conservación energética resultantes, interpretó de manera demasiado restrictiva qué se considera una "característica de rendimiento" según la Ley de Política Energética (EPCA). Tras el cambio de administración, el Gobierno actual coincide con este argumento. Por ello, pide al Supremo que acepte la petición, anule la sentencia y remita el caso para nueva revisión.

Si el Supremo accede a la solicitud, no solo se enviaría un mensaje al Tribunal de Apelaciones para que tome en serio la interpretación estatutaria, sino que también se evitaría a la Administración la complejidad de intentar derogar o modificar la norma bajo la sombra de un fallo que, según se argumenta, distorsiona la ley. Como se destacó el pasado otoño, la opinión del panel podría dificultar que la Administración Trump rescinda o modifique la norma, ya que la mejor interpretación estatutaria, según sus críticos, no lo permitiría. Una decisión de anulación y remisión (GVR) resolvería este problema de manera eficiente.