General Motors recibirá 500 millones de dólares en devoluciones por aranceles ilegales

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado que algunos aranceles impuestos durante la administración Trump eran ilegales, lo que abre la puerta a devoluciones millonarias para empresas como General Motors (GM). La compañía ha anunciado que recibirá aproximadamente 500 millones de dólares en reembolsos por los aranceles pagados en vehículos y componentes importados.

Esta decisión ha llevado a GM a revisar al alza su previsión de beneficios para 2026 en la misma cuantía. Según la empresa, los ingresos anuales podrían situarse entre 13.500 y 15.500 millones de dólares, aunque aún se prevén costes arancelarios brutos de entre 2.500 y 3.500 millones —una reducción de 500 millones respecto a estimaciones anteriores.

Críticas por el impacto en los consumidores

Aunque el fallo judicial anula parte de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), muchas empresas, incluyendo a GM, ya trasladaron el coste de estos impuestos a los clientes mediante subidas de precios. Ahora, con las devoluciones, surge la controversia: los ciudadanos podrían sentir que pagan dos veces, ya que las empresas no tienen obligación de reducir los precios.

«Las empresas ya repercutieron el coste de los aranceles a los consumidores, y ahora reciben devoluciones que dependen de los mismos contribuyentes», señala un analista económico.

¿Cuánto recuperarán otras automovilísticas?

GM, considerada una marca «nacional» pese a importar gran parte de sus componentes, es una de las mayores beneficiarias. Aunque muchos de sus suministros provienen de Canadá y México bajo el T-MEC (USMCA), la compañía sigue siendo elegible para las devoluciones. Hasta ahora, 330.000 empresas estadounidenses han solicitado reembolsos por la IEEPA, incluyendo a otros gigantes del sector.

El expresidente Donald Trump ha instado a las marcas nacionales a solicitar estas ayudas, advirtiendo que «recordará» a aquellas que no lo hagan. Sin embargo, dado el volumen de dinero en juego, es poco probable que alguna empresa relevante —especialmente en el sector automotriz— renuncie a estos fondos.

Sombra de abusos en programas anteriores

La polémica por las devoluciones arancelarias recuerda a los escándalos del Programa de Protección de Nómina (PPP) durante la pandemia. Aunque diseñado para ayudar a pequeñas empresas y autónomos, el programa fue objeto de abusos generalizados, con multinacionales aprovechándose de préstamos «perdonables». La corrupción fue tan extendida que el gobierno amplió el plazo para perseguir fraudes relacionados con el PPP hasta 10 años.

Este precedente genera dudas sobre la equidad de las actuales devoluciones arancelarias, especialmente cuando las empresas ya trasladaron los costes a los consumidores y no hay garantías de que los precios bajen.