La Ley de Derechos Electorales ha sido históricamente un escudo contra la discriminación en el sistema electoral estadounidense. Sin embargo, una reciente decisión de la Corte Suprema ha debilitado su aplicación, dejando a gobiernos locales y estatales —desde ayuntamientos hasta comisiones de condado— con mayor libertad para ignorar los derechos de voto de las minorías.

La sentencia, emitida el pasado miércoles, afecta directamente a la Sección 2 de la ley, que permitía a votantes de minorías impugnar mapas electorales y normas que reducían su poder de voto. Hasta ahora, estos casos ya eran difíciles de ganar, pero la nueva interpretación judicial eleva aún más el listón para los demandantes.

Según Michael Li, experto del Brennan Center for Justice, la decisión podría desencadenar una ola de rediseños de distritos en consejos municipales, comisiones de condado y juntas escolares. «Muchos dirán: *ahora podemos hacer lo que queramos*», advirtió en declaraciones a Axios.

Un retroceso histórico en la representación política

La Ley de Derechos Electorales logró avances significativos en las décadas de 1970 y 1980, forzando a jurisdicciones a abandonar sistemas electorales at-large (votos en toda la ciudad o condado) que marginaban a las comunidades afroamericanas e hispanas. Sin embargo, la sentencia abre la puerta a que estos mecanismos regresen, eliminando la representación de minorías en cargos locales y estatales.

Press Robinson, demandante en un caso que llevó a crear un segundo distrito con mayoría afroamericana en Louisiana, lamentó que la decisión devuelve al país a «una época en la que la esclavitud era legal, pero sin voluntad de avanzar».

Por su parte, Charles Taylor, director de la NAACP en Mississippi, calificó la sentencia como una «traición a los votantes negros» con consecuencias «en todos los niveles del sistema político».

Consecuencias inmediatas y futuras

En Mississippi, los legisladores estatales se reúnen en 21 días para revisar los distritos del Tribunal Supremo estatal, uno de los cuales un juez federal ya había declarado ilegal por violar la Ley de Derechos Electorales. Mientras, en otros estados, el rediseño de distritos para las elecciones de 2026 podría retrasarse, pero Michael McDonald, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Florida, anticipa «una nueva ronda de redistribuciones que reducirán drásticamente la representación racial» tras el Censo de 2030.

Esta situación aumenta la presión sobre los candidatos demócratas en las elecciones actuales, ya que podrían bloquear futuros planes de redistribución si ganan las gobernaciones. «No es una pendiente resbaladiza, es un precipicio», sentenció Taylor.

El impacto en las elecciones locales

La sentencia no solo afecta a las minorías, sino que reconfigura el panorama político en ciudades y condados. Gobiernos locales podrían priorizar intereses partidistas o proteger a los incumbentes, marginando aún más a las comunidades históricamente excluidas. La pérdida de herramientas legales para impugnar estas prácticas deja a los votantes en una posición de mayor vulnerabilidad.

Los expertos coinciden en que, aunque el efecto inmediato no será uniforme, el mensaje es claro: las protecciones contra la discriminación electoral ya no son una prioridad en el sistema judicial estadounidense.

Fuente: Axios