La crisis de los opioides parece estar cerrando un círculo. Mientras la familia Sackler negocia un acuerdo de 6.500 millones de dólares por su responsabilidad en la producción de analgésicos adictivos de Purdue Pharma, Joss Sackler —esposa de David Sackler, exmiembro del consejo de la compañía— ha admitido públicamente su propia adicción a estos fármacos.
Según ha informado Bloomberg, Sackler se declaró culpable en 2024 de obstruir una investigación federal tras recibir un envío ilegal de medicamentos con receta. En aquel momento, eliminó varios mensajes de WhatsApp que la incriminaban como destinataria, lo que le valió un cargo por delito grave. En una declaración judicial hecha pública el pasado miércoles, Sackler expresó:
«Lamento profundamente que, en medio de mi adicción, tomara decisiones equivocadas. Estoy agradecida por el tratamiento médico que me ha permitido recuperarme».
Aunque enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión, fuentes cercanas al caso señalan que es probable que su condena sea mucho más leve. Su abogado, Walter Norkin, intentó desvincular el caso de la responsabilidad de la familia Sackler en la epidemia de opioides, afirmando que se trata de un asunto «totalmente ajeno a Purdue Pharma o a cualquier otro miembro de su familia».
Mientras los Sackler han cargado con el estigma de ser los principales responsables de una crisis que ha dejado más de 800.000 muertos en EE.UU., los expertos señalan que las raíces del problema van mucho más allá de una sola familia, por poderosa que sea. En un estudio pionero publicado en 2022, los economistas de la Universidad de Princeton Anne Case y Angus Deaton vincularon el aumento de las muertes por sobredosis con décadas de declive económico y falta de oportunidades para las clases trabajadoras con bajos niveles educativos.
La industria farmacéutica aprovechó esta vulnerabilidad. Durante los años 90 y principios de los 2000, cadenas como CVS, Walgreens y Walmart promovieron el uso de opioides entre adultos de clase trabajadora, presentándolos como seguros y no adictivos. Además, presionaron a legisladores y colaboraron con médicos que recetaban cantidades excesivas de estos fármacos.
En 2021, un jurado en Cleveland determinó que estas empresas contribuyeron a la crisis sanitaria al no supervisar adecuadamente las recetas de opioides, un fallo ético que, irónicamente, les reportó enormes beneficios económicos.
Por su parte, la familia Sackler ha salido relativamente ilesa de la crisis. Aunque Purdue Pharma cerró la semana pasada tras un acuerdo de 7.400 millones de dólares, algunos miembros de la familia siguen al frente de Mundipharma, un consorcio farmacéutico internacional. Esto plantea dudas sobre cuánto de su fortuna, obtenida de manera controvertida, sigue fuera del alcance de la justicia.
Aunque nadie desearía los horrores de la adicción a los opioides, este giro en la historia de los Sackler parece confirmar que, en ocasiones, el universo tiene un peculiar sentido de la justicia.