Los legisladores de Tennessee han aprobado esta semana una reforma a la polémica ley estatal sobre amenazas de violencia masiva en escuelas, que permitía acusar a menores de delitos graves por bromas, malentendidos o declaraciones sin fundamento. El gobernador Bill Lee está previsto que firme el proyecto de ley, que establece que solo se deberán notificar a la policía las amenazas consideradas 'creíbles', es decir, aquellas con probabilidad real de cumplirse.

Hasta ahora, los administradores escolares podían ser acusados de un delito menor si no reportaban cualquier amenaza, independientemente de su veracidad. La modificación responde a la presión de defensores de derechos y a una investigación conjunta de ProPublica y WPLN, que reveló casos de menores con discapacidades o pertenecientes a minorías étnicas detenidos injustamente.

Entre los casos más graves destaca el de un niño de 6 años acusado de delito grave el año pasado. En otro ejemplo, un adolescente autista con discapacidad intelectual le dijo a su profesora que su mochila explotaría si alguien la tocaba. La policía lo arrestó al encontrar solo un peluche dentro, acusándolo de amenaza de violencia masiva. Su madre interpuso una demanda contra el distrito escolar, que sigue en curso.

Otra familia logró un acuerdo de 100.000 dólares con una escuela concertada de Chattanooga tras denunciar que su hijo autista de 11 años fue denunciado falsamente a la policía. Además, varios padres presentaron una demanda contra las Escuelas del Condado de Williamson, cerca de Nashville, alegando que sus hijos fueron suspendidos y arrestados injustamente por supuestas amenazas. El consejo escolar negó las acusaciones en documentos judiciales y solicitó el archivo del caso, pero un juez determinó que los demandantes tenían una 'pretensión plausible' y permitió que el proceso continuara.

El senador Ferrell Haile, coautor de la ley, declaró durante una audiencia en marzo que la reforma busca evitar arrestos innecesarios de estudiantes con discapacidades por declaraciones que 'no tienen capacidad de cumplir'. Haile citó el caso de un alumno de quinto grado de su distrito que, frustrado, hizo una afirmación en la escuela. Aunque el agente de policía escolar no quería arrestarlo, la ley lo obligaba a hacerlo, independientemente de la credibilidad de la amenaza. Sus superiores lo acusaron de delito grave.

'En algunos condados, se ha convertido en práctica habitual acusar a todos los menores por amenazas, incluso cuando se determina que no son creíbles', aseguró Haile. Su postura actual marca un cambio respecto a su posición anterior y a la de otros republicanos de Tennessee, que rechazaron propuestas similares en invierno de 2024. De hecho, en 2025, Haile presentó un proyecto de ley para ampliar las penas por amenazas, aunque ahora aboga por una regulación más estricta.

Fuente: ProPublica