Kerr County, Texas — Los cruces de madera clavados en el suelo marcan el lugar donde Beth y Hutch Bryan, junto a Martha Crawford, se alojaban durante las inundaciones del pasado 4 de julio de 2025. Mientras Kylie Nidever caminaba entre las propiedades arrasadas por las aguas meses atrás, el ruido de las máquinas de construcción resonaba en el aire. Su casa, en el barrio de Bumble Bee Hills, fue una de las pocas que resistieron el desastre. Para Nidever, de 35 años, aquel paraje tranquilo donde jugó de niña junto al arroyo que alimenta el río Guadalupe, ahora representa una trampa mortal.
Lo que más le preocupa es la determinación de sus vecinos por reconstruir en una zona que, según los expertos, debería estar prohibida. «¿Alguien va a venir a detenernos?», se pregunta. «Si vuelve a ocurrir y es peor, la gente morirá aquí». Su temor no es infundado: tras el desastre, más de 130 personas perdieron la vida en cinco condados, la mayoría en áreas señaladas por el gobierno federal como de alto riesgo de inundación.
Legisladores ignoran décadas de advertencias
Una investigación conjunta de ProPublica y The Texas Tribune ha revelado que los legisladores texanos han rechazado sistemáticamente proyectos de ley destinados a proteger a los residentes en zonas vulnerables. Desde 1960, más de 60 propuestas relacionadas con la seguridad ante inundaciones han sido archivadas, incluyendo medidas clave que podrían haber salvado vidas.
Entre las iniciativas bloqueadas destacan:
- Prohibición de construir en áreas de alto riesgo: Aunque el gobierno federal identificó zonas peligrosas, los legisladores no actuaron para detener la urbanización.
- Elevación obligatoria de edificios: Normas que habrían obligado a levantar estructuras en zonas inundables para reducir daños.
- Restricciones a construcciones cerca de ríos: Prohibición de instalaciones como vertederos o fábricas en áreas cercanas a cuerpos de agua.
- Mayor autonomía para autoridades locales: Permitir a los gobiernos regionales limitar desarrollos peligrosos sin depender de la aprobación estatal.
Texas alberga más edificios en zonas inundables —al menos 650.000 estructuras— que cualquier otro estado, excepto Florida, según datos de ProPublica.
Falta de acción a pesar de las víctimas
Tras el desastre, algunos políticos criticaron la respuesta de emergencia y la falta de sirenas de alerta en algunas localidades. Otros justificaron la magnitud de la tragedia como un fenómeno imposible de prever. Sin embargo, la investigación demuestra que los legisladores tenían herramientas para actuar, pero optaron por no hacerlo.
«Si el estado hubiera aprobado alguna de esas leyes, no habríamos sufrido esta pérdida desgarradora», declaró Char Miller, historiador ambiental de Texas y profesor en el Pomona College de California. «La incapacidad crónica de Texas para proteger a sus ciudadanos refleja una negligencia en su deber más básico: garantizar la seguridad de quienes viven en el estado».
Para Kylie Nidever, la pregunta sigue en el aire: ¿Aprenderá Texas de sus errores o repetirá la historia cuando llegue la próxima inundación?