Tras años de espera, miles de víctimas de los opioides quedarán fuera del acuerdo de Purdue Pharma

Mary Jannotta, de 77 años, trabajó durante décadas tras el mostrador de una tienda de alimentación en los suburbios de Filadelfia. El dolor crónico por su trabajo y una cirugía de espalda fallida en 2008 la llevaron a depender de los analgésicos recetados por su médico. Entre ellos, OxyContin, el opioide estrella de Purdue Pharma, que la compañía admitió más tarde haber comercializado de forma criminal.

La adicción la llevó a perderlo todo: su coche, su casa e incluso la custodia de su nieto. Su historia es solo una de las miles que se presentaron contra Purdue tras su quiebra en 2019. Jannotta, junto a casi 140.000 personas, reclamó una compensación por los daños causados por los fármacos de la compañía. Sin embargo, el acuerdo final, aprobado en noviembre de 2024, dejará fuera a decenas de miles de víctimas.

El plan de bancarrota, que asciende a 7.400 millones de dólares, incluía inicialmente 870 millones para víctimas individuales. Pero ahora, menos de la mitad de los reclamantes recibirán alguna compensación, a pesar de que Purdue lo promocionó como «el único acuerdo por opioides que compensa significativamente a las víctimas».

Recortes y nuevas barreras para las víctimas

Los registros judiciales revelan que el nuevo acuerdo impone requisitos más estrictos y reduce drásticamente las indemnizaciones:

• Las familias de víctimas mortales podrían recibir tan solo 8.000 dólares, frente a los 48.000 dólares previstos inicialmente.
• Se eliminó la compensación para adolescentes que compraron opioides de Purdue en el mercado ilegal.
• La opción de presentar una declaración jurada —sin necesidad de recetas o registros médicos— para probar la compra de los fármacos también desapareció.

Esta última medida es especialmente grave, ya que en otros casos de bancarrota masiva, como los de los Boy Scouts o la Iglesia Católica, se han aceptado declaraciones similares para víctimas que no pueden aportar pruebas físicas.

Un golpe a la justicia para las víctimas

Para muchas familias, como la de Jannotta, la pérdida de esta opción significa quedar fuera del acuerdo. Su nieto, Tyler Cordeiro, murió por sobredosis en 2020 tras robarle las pastillas siendo adolescente. «El dinero no devuelve a los seres queridos, pero al menos era un reconocimiento de lo que nos hicieron», declaró Jannotta.

El acuerdo, que ahora debe ser ratificado, deja en evidencia las limitaciones de un sistema que, tras años de espera, sigue fallando a quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis de los opioides.