Trump restringe el acceso a documentos públicos: ¿Amenaza a la transparencia histórica?

La administración del expresidente Donald Trump está implementando medidas que limitan el acceso del público a los registros gubernamentales, una estrategia que ha encendido las alarmas entre organizaciones de vigilancia y académicos. Estas acciones, que incluyen desafíos legales a la Ley de Registros Presidenciales y retrasos en las solicitudes de información pública, podrían debilitar la supervisión institucional y permitir al gobierno moldear una versión selectiva de la historia estadounidense.

El marco legal en riesgo

La Ley de Registros Presidenciales, creada tras el escándalo Watergate, y la Ley de Libertad de Información (FOIA) tienen como objetivo preservar los documentos presidenciales como patrimonio público y garantizar el acceso a los registros gubernamentales. Sin embargo, la administración Trump ha cuestionado la constitucionalidad de la primera y ralentizado el procesamiento de solicitudes bajo la segunda.

Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, advierte: «Al eliminar o borrar información a la que el público tiene derecho, se le priva de datos esenciales para evaluar si su gobierno ha cumplido con sus promesas».

Cambios en la política de conservación de documentos

A principios de abril, el Departamento de Justicia emitió un memorando declarando la Ley de Registros Presidenciales «inconstitucional». Además, los asesores de la Casa Blanca ya no están obligados a conservar mensajes de texto a menos que sean el «único registro de una decisión oficial», una flexibilización sin precedentes que incluso Trump respetó durante su primer mandato.

Paralelamente, se ha reportado un aumento en los retrasos para procesar solicitudes bajo la FOIA, junto con la destitución de numerosos funcionarios encargados de estas peticiones. Según fuentes consultadas por Axios, algunos organismos gubernamentales han llegado a afirmar que no poseen registros relevantes en casos donde su existencia parece evidente, mientras que otros entregan documentos altamente censurados.

La respuesta de la Casa Blanca

Un portavoz de la Casa Blanca aseguró a Axios que Trump «está comprometido con la preservación de los registros de su histórica administración» y que se aplicará un «riguroso programa de retención». Añadió que el personal debe recibir formación en conservación de documentos y que «ni los correos electrónicos ni los archivos pueden ser eliminados del sistema de la Casa Blanca».

No obstante, el equipo de Trump argumenta que la Ley de Registros Presidenciales vulnera la separación de poderes y que retener todos los mensajes de texto representa una «carga tecnológica enorme», a pesar de que los Archivos Nacionales ofrecen directrices para capturar automáticamente estos registros.

Críticas de expertos y casos concretos

Organizaciones como Citizens for Responsibility and Ethics y la Fundación Freedom of the Press denuncian que estas medidas erosionan la transparencia y evaden los controles al poder ejecutivo. Nikhel Sus, asesor jurídico de la primera, señala que la ley es «muy deferente» con el presidente y que los documentos no se hacen públicos hasta 5-12 años después de que este abandone el cargo.

Lauren Harper, de la Fundación Freedom of the Press, compartió con Axios el caso de una solicitud FOIA para obtener un memorando de 19 páginas del Departamento de Justicia sobre la aceptación de un jet valorado en 400 millones de dólares por parte de Catar. Aunque inicialmente se le concedió un procesamiento acelerado, luego se le notificó que la entrega se retrasaría otros 620 días.

Chukwu también destacó que algunas agencias han respondido a solicitudes con afirmaciones de que no existen registros, incluso en situaciones donde su existencia sería lógica. «Es una carga porque no quieren cumplir con la ley», subraya Sus.

¿Privatizando la historia?

Sarah Weicksel, directora ejecutiva de la Asociación Histórica Americana, advierte que estas acciones buscan «controlar qué parte de la historia se preserva». Lauren Harper va más allá y sentencia: «La Casa Blanca está intentando privatizar la historia. Quiere ser la única entidad que decida qué forma parte del relato estadounidense, y eso es fundamentalmente incorrecto».

«La transparencia no es negociable en una democracia. Cuando se restringe el acceso a la información, se socava la confianza en las instituciones y se abre la puerta a la manipulación histórica», afirma Weicksel.