Vecinos de Michigan denuncian imposición de megacentro de datos de OpenAI pese a rechazo municipal

La construcción de centros de datos en Estados Unidos ha generado un conflicto recurrente entre gobiernos locales y sus residentes. Mientras las administraciones municipales suelen aprobar estos proyectos, cada vez más ciudadanos se organizan para oponerse a ellos, llevando sus protestas incluso a las urnas.

En Saline Township, Michigan, los vecinos creían haber evitado esta polémica tras la negativa unánime del ayuntamiento y la comisión de planificación a autorizar un centro de datos de 21 millones de pies cuadrados en terrenos agrícolas. Sin embargo, la empresa desarrolladora, Related Digital —filial de un conglomerado inmobiliario propiedad del billonario Steven Roth—, interpuso una demanda contra el municipio alegando «exclusión por zonificación».

El litigio colocó a las autoridades locales en una posición insostenible: un juicio prolongado podría agotar los recursos del township, y aunque ganaran, la empresa podría eludir las normativas locales asociándose con la Universidad de Michigan, que tiene facultades para saltarse las leyes de zonificación.

Ante este escenario, el municipio optó por llegar a un acuerdo que permitió la ejecución del proyecto. En octubre, se reveló que el centro de datos sería arrendado principalmente a OpenAI —empresa de Sam Altman— y a Oracle —vinculada a Larry Ellison—, como parte de la iniciativa de infraestructura de IA de Donald Trump, valorada en 500.000 millones de dólares y denominada «Stargate».

«No había buenas soluciones», admitió Fred Lucas, abogado del township, en declaraciones a Fortune. «Si preguntáramos a cada miembro de la junta, todos dirían lo mismo: no querían ese centro de datos. No lo invitamos ni lo fomentamos».

Este caso ilustra una contradicción fundamental en el auge de la infraestructura de IA en EE.UU.: su implementación responde a intereses de billonarios tecnológicos y sus aliados políticos, no a la voluntad de las comunidades afectadas. Pueblo tras pueblo se ve obligado a asumir los costes ambientales y sociales de una industria obsesionada con expandirse, demostrando que, cuando el capital choca con la democracia, el capital siempre gana.

Kathryn Haushalter, madre residente cerca del futuro centro de datos, resumió así su frustración: «Es como si jugáramos al béisbol con unas reglas, y ellos al fútbol con otras».