Aave recurre a los tribunales para liberar 30.000 ETH congelados en el caso Kelp DAO

Aave ha presentado una moción de urgencia ante un tribunal de Nueva York para liberar 30.765 ETH congelados por Arbitrum DAO, destinados a la restitución de víctimas de un exploit ocurrido el pasado 18 de abril. La empresa argumenta que los fondos robados no pueden ser embargados por terceros, incluso si fueron controlados brevemente por el atacante, Lazarus Group.

El 1 de mayo, un tribunal del Distrito Sur de Nueva York aprobó una orden de embargo sobre estos fondos, valorados en aproximadamente 71 millones de dólares. Aave solicita al juez que anule esta medida y acelere la celebración de una audiencia, alegando que los activos recuperados están destinados a compensar a las víctimas y no deben congelarse para reclamaciones externas.

El origen del conflicto se remonta al 21 de abril, cuando el Consejo de Seguridad de Arbitrum activó sus poderes de emergencia para mover 30.765 ETH sin necesidad de las claves del atacante. Estos fondos formaban parte de un fondo de recuperación tras el robo de 116.500 rsETH del puente LayerZero de Kelp DAO, atribuido al grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte. El exploit dejó un agujero inicial de 163.183 ETH, del que el consorcio DeFi United ha logrado cerrar el 52,9% mediante congelaciones y liquidaciones.

Para cubrir el resto, se han comprometido más de 300 millones de dólares, incluyendo una línea de crédito de hasta 30.000 ETH aportada por Mantle y una solicitud de 25.000 ETH de la tesorería de Aave. Sin embargo, la orden judicial amenaza con retrasar o complicar este proceso de restitución.

Aave cuestiona la legalidad del embargo, argumentando que los activos robados no se convierten en propiedad legítima del ladrón por el simple hecho de haberlos controlado temporalmente. Además, la empresa sostiene que Arbitrum DAO no es una entidad jurídica susceptible de ser demandada, un argumento que choca con precedentes judiciales recientes que han tratado a las DAO como asociaciones generales o colectivos demandables.

El caso refleja la creciente tensión entre los protocolos DeFi y los sistemas legales tradicionales, especialmente cuando se activan mecanismos de recuperación de emergencia. Arbitrum ya había generado debate en su foro de gobernanza sobre posibles indemnizaciones y costes legales derivados de su intervención. Expertos como Travers Smith señalan que la capacidad de alcanzar a estas entidades depende en gran medida de su estructura de gobernanza y del control demostrado, algo que Arbitrum ha ejercido claramente con su mecanismo de acción de emergencia.