Denuncian redadas policiales en masajes de Seattle como discriminatorias contra mujeres asiáticas e inmigrantes

Redadas en Bothell: ¿Persecución o protección?

El Departamento de Policía de Bothell (Washington) llevó a cabo recientes redadas en cinco negocios de masajes acusados de prostitución, generando acusaciones de discriminación y violencia institucional contra mujeres asiáticas e inmigrantes. Las acciones policiales, realizadas en abril, han sido calificadas como un ejemplo de "violencia estatal" por colectivos que defienden los derechos de estos colectivos.

Denuncias de trato discriminatorio y abusos

Grupos como el Massage Parlor Organizing Project (MPOP), Whose Streets? Our Streets, Red Canary Song y la International Migrants Alliance organizaron una protesta frente a la cárcel del condado de King para denunciar lo que consideran prácticas racistas y sexistas. "Celebráis haber resuelto problemas inventados basados en ideas sexistas y racistas, pero las trabajadoras de masajes asiáticas pagan el precio", declaró Lee Chen durante el acto, según recoge Northwest Asian Weekly.

Los organizadores criticaron el procedimiento de las redadas: "Los agentes no se identificaron correctamente, no hubo interpretación lingüística ni explicación de los derechos Miranda. Las personas no sabían que podían guardar silencio", explicó J.M. Wong, uno de los organizadores.

Solo una detención sin cargos y cinco negocios cerrados

De las cinco empresas allanadas, dos pertenecen a Lizhen Yang, incluyendo uno ubicado a pocos metros de la comisaría de Bothell. Tanto ella como su esposo niegan cualquier irregularidad. Según la policía, solo una persona fue detenida: Yang, quien fue ingresada en la cárcel del condado de King el 14 de abril bajo sospecha de promoción de prostitución y tráfico humano. Sin embargo, fue puesta en libertad al día siguiente sin cargos, y su caso figura ahora como "cerrado" en el sistema judicial.

Todos los negocios fueron clausurados por supuestas violaciones del código de incendios. MPOP cuestionó en sus redes sociales: "¿Por qué los negocios de inmigrantes son el objetivo de investigaciones a gran escala y redadas por parte de detectives, policía y bomberos por violaciones de código de incendios?".

Según el colectivo, durante los registros policiales se arrancaron cámaras de seguridad, se volcaron muebles, se derribaron puertas y se incautó dinero de las trabajadoras, dejando a estas sin empleo. Las autoridades no han indicado si o cuándo podrán reabrir los negocios.

Impacto en las trabajadoras: trauma y criminalización

MPOP subrayó que estas redadas "no ayudan a las trabajadoras", sino que las traumatizan, les confiscan pertenencias como pruebas y las exponen a la deportación. "Son parte de sistemas que silencian y criminalizan a las mismas personas que dicen estar 'salvando'", afirmaron.

Un patrón de violencia institucional

El colectivo denunció que estas acciones forman parte de un patrón más amplio de 'lucha contra la trata con enfoque carcelario', donde la explotación —real o imaginaria— se aborda no con derechos laborales o migratorios, sino con violencia policial, desplazamiento de trabajadoras y cierre de negocios de inmigrantes. Estas operaciones suelen contar con la colaboración de agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un caso similar ocurrió hace una década en el condado de King, donde las autoridades anunciaron el desmantelamiento de una supuesta red internacional de explotación sexual. Las organizaciones exigen el fin de estas prácticas y reclaman alternativas centradas en los derechos humanos.

"Estas redadas no protegen a las trabajadoras, sino que las convierten en víctimas de un sistema que las criminaliza. Necesitamos políticas que prioricen su seguridad y dignidad, no más violencia institucional". — Declaración de MPOP