El presidente Donald Trump y su equipo aseguran que la inteligencia artificial (IA) transformará Estados Unidos, mejorando la prosperidad, la eficiencia y la seguridad del país. Este discurso no es nuevo: hace más de una década, la administración de Barack Obama empleó un mensaje casi idéntico al impulsar la computación en la nube. Como reportero especializado en ciberseguridad de ProPublica, he analizado durante los últimos dos años cómo el Gobierno federal y sus contratistas tecnológicos, como Microsoft, han gestionado transiciones tecnológicas clave. La IA, hoy en el centro de la atención mediática, es la última de estas transformaciones.
Tanto usuarios domésticos como empresas y agencias gubernamentales se apresuran a adoptarla, convencidos de que su implementación rápida es la clave del éxito. Sin embargo, la historia demuestra que la prisa puede llevar a errores costosos. A continuación, tres lecciones extraídas de casos recientes que deberían servir de advertencia para los responsables políticos que promueven el uso de la IA en el sector público.
Lección 1: Nada es gratis
Antes: A principios de los años 2020, una oleada de ciberataques atribuidos a Rusia, China e Irán dejó al Gobierno federal en una posición vulnerable. La administración Biden recurrió a gigantes tecnológicos para reforzar la ciberseguridad nacional. Microsoft, liderado por su CEO Satya Nadella, respondió con una promesa: donar 150 millones de dólares en servicios técnicos para modernizar las defensas digitales del país. Además, ofreció una actualización de seguridad «gratuita» para clientes gubernamentales.
Ahora: En 2024, la administración Trump anunció una serie de acuerdos con empresas tecnológicas para facilitar la adquisición de herramientas de IA por parte de las agencias federales. Los precios eran tentadores: ChatGPT de OpenAI por 1 dólar, Gemini de Google por 47 céntimos y Grok de xAI por 42 céntimos. El objetivo era claro: hacer accesibles capacidades avanzadas de IA para mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento de misiones.
Pero, como reveló nuestra investigación, detrás de estas ofertas aparentemente generosas se escondía una estrategia comercial. Tras instalar las actualizaciones, los clientes federales quedaban atrapados en un ecosistema: cambiar a un competidor implicaba costes elevados y procesos engorrosos. En ese momento, no tenían más opción que renovar sus suscripciones a precios más altos. «Fue un éxito más allá de lo imaginable», confesó un exvendedor de Microsoft.
Ante las preguntas sobre estos acuerdos, Microsoft declaró que su «único objetivo durante este período fue apoyar una solicitud urgente de la administración para mejorar la postura de seguridad de las agencias federales, constantemente atacadas por actores estatales sofisticados».
Las agencias que hoy buscan herramientas de IA a bajo coste deben evaluar cómo estos costes podrían dispararse en el futuro. La Administración de Servicios Generales (GSA) ya ha advertido sobre los riesgos de depender de proveedores únicos y las posibles consecuencias a largo plazo.
Lección 2: La innovación sin regulación es un riesgo
La adopción acelerada de tecnologías emergentes sin marcos regulatorios sólidos ha sido un patrón recurrente en el Gobierno federal. Durante la transición a la computación en la nube, muchas agencias adoptaron soluciones sin evaluar adecuadamente los riesgos de privacidad, seguridad o cumplimiento normativo. El resultado fue un aumento de brechas de datos y fugas de información.
Con la IA, el escenario podría repetirse. Herramientas como los modelos de lenguaje grande (LLM) procesan enormes cantidades de datos, algunos de ellos sensibles. Si no se implementan protocolos estrictos de gobernanza, las agencias podrían exponerse a filtraciones, sesgos algorítmicos o usos indebidos. Expertos en ciberseguridad advierten que, sin supervisión adecuada, la IA podría convertirse en una herramienta más para los ciberdelincuentes.
Lección 3: La dependencia tecnológica debilita la soberanía
El caso de Microsoft no es aislado. Otras empresas tecnológicas, como Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud, dominan el mercado de servicios en la nube en el sector público. Esta concentración de poder genera una dependencia crítica que limita la autonomía de Estados Unidos en áreas estratégicas.
Durante la pandemia, por ejemplo, el Gobierno dependió en exceso de plataformas como Zoom y Microsoft Teams para la comunicación remota. Cuando estas herramientas fallaron o sufrieron vulnerabilidades, las operaciones gubernamentales se vieron afectadas. Con la IA, el riesgo es aún mayor: si las agencias adoptan soluciones propietarias sin alternativas locales, podrían quedar a merced de decisiones corporativas o geopolíticas.
Los responsables políticos deben priorizar la diversificación de proveedores y el desarrollo de capacidades internas para evitar caer en la misma trampa que con la computación en la nube.
Conclusión: Aprender del pasado para construir un futuro seguro
La historia del Gobierno federal con tecnologías emergentes es una de promesas incumplidas y oportunidades perdidas. Desde la computación en la nube hasta la IA, el patrón se repite: entusiasmo inicial, adopción acelerada y, en muchos casos, consecuencias no deseadas. Para evitar repetir los mismos errores, los responsables deben:
- Evaluar los costes reales: No solo el precio inicial, sino también los gastos ocultos, como las migraciones futuras o las dependencias tecnológicas.
- Exigir transparencia: Las agencias deben conocer cómo se entrenan los modelos de IA, qué datos se utilizan y quién tiene acceso a ellos.
- Invertir en soberanía tecnológica: Desarrollar soluciones propias y reducir la dependencia de proveedores externos.
- Establecer regulaciones claras: Marcos legales que equilibren la innovación con la protección de datos y la seguridad nacional.
La IA tiene un potencial transformador, pero su implementación en el sector público debe hacerse con cautela. Como demuestran los errores del pasado, la prisa por adoptar nuevas tecnologías sin una planificación adecuada puede salir muy cara.
«La historia nos enseña que la tecnología por sí sola no resuelve los problemas; son las políticas, los procesos y las personas las que marcan la diferencia». — Experto en ciberseguridad, ProPublica