El auge del litio en Nevada ignora los derechos indígenas, denuncia Amnistía Internacional

El litio de Nevada, clave para la transición energética, pero a costa de los pueblos indígenas

Mientras la administración Trump impulsaba la extracción de minerales críticos como el litio para impulsar la industria de vehículos eléctricos, el gobierno de EE.UU. y empresas privadas habrían ignorado sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas en Nevada. Así lo denuncia un informe publicado hoy por Amnistía Internacional, que exige la suspensión inmediata de los permisos federales para todas las minas de litio en el estado.

Nevada alberga alrededor del 85% de las reservas conocidas de litio del país, un mineral esencial para la fabricación de baterías. Sin embargo, su extracción conlleva graves riesgos ambientales, como la contaminación de aguas y la pérdida de biodiversidad, según advierten las comunidades afectadas. Fermina Stevens, miembro de la Te-Moak Tribe of Western Shoshone y directora ejecutiva del Western Shoshone Defense Project, declaró:

«Esta es nuestra tierra. Deberíamos tener voz en lo que ocurre aquí, pero sé que no quieren que estemos porque Nevada es rica en estos minerales».

Tres proyectos mineros en el punto de mira

Amnistía Internacional señala en su informe tres proyectos clave que vulneran el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada (FPIC), un principio internacional recogido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP):

• Mina de litio Thacker Pass: Actualmente en construcción en territorio no cedido de los pueblos Western Shoshone y Paiute.
• Proyecto de litio Nevada North: En fase de exploración, también en tierras indígenas.
• Proyecto de litio y boro Rhyolite Ridge: Programado para iniciar obras este año en la misma zona.

Según el informe, los procesos de aprobación de estos proyectos no cumplieron con el estándar FPIC, a pesar de las exigencias internacionales. Mark Dummett, responsable de derechos humanos y empresas de Amnistía Internacional, afirmó:

«Las empresas deben alinearse con los derechos humanos, no con la extracción a cualquier precio».

Deregulación y falta de consulta: las políticas que agravan la situación

El informe también critica las políticas de desregulación impulsadas por la administración Trump, que aceleraron los permisos y redujeron las evaluaciones ambientales. Esto limitó la capacidad de las comunidades indígenas para ejercer su derecho a la consulta previa. En respuesta, un portavoz del Departamento del Interior de EE.UU. declaró:

«Los activistas detrás de este informe son conocidos por hacer afirmaciones infundadas, rechazadas repetidamente por los tribunales, en su absurda oposición a la producción energética, que no solo es bipartidista, sino que beneficia al pueblo estadounidense».

El portavoz añadió que la revisión de los proyectos por parte de la Oficina de Gestión de Tierras (BLM) incluyó amplias consultas tribales y evaluaciones ambientales. Sin embargo, Amnistía Internacional insiste en que estos procesos no cumplieron con los estándares internacionales de derechos humanos.

Resistencia global a la «transición verde» sin consentimiento indígena

El informe se publica en un contexto de creciente oposición indígena a proyectos mineros vinculados a la transición energética global. En Nevada, más de 20.000 solicitudes de explotación minera han sido registradas, lo que refleja el interés económico en la región. Sin embargo, las comunidades afectadas exigen que se respeten sus derechos territoriales y ambientales antes de avanzar en cualquier proyecto.

Para Fermina Stevens y otras voces indígenas, la solución pasa por reconocer su soberanía sobre la tierra y garantizar su participación en las decisiones que afecten a su futuro. «No somos obstáculos para el progreso —afirmó Stevens—. Somos guardianes de este territorio, y nuestro consentimiento es fundamental».