El Tribunal Supremo analiza la preemption federal en el caso Monsanto vs. Durnell

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró ayer los argumentos orales en el caso Monsanto Co. v. Durnell, una disputa legal que, aunque no atrae el interés general de los constitucionalistas, sí preocupa profundamente al sector empresarial.

El demandante interpuso una demanda contra Monsanto —empresa propiedad de Bayer— por los daños supuestamente causados por el herbicida Roundup. El jurado falló a favor del demandante, concediendo una indemnización de 1,25 millones de dólares por no advertir adecuadamente sobre los posibles riesgos. Bayer, por su parte, argumentó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no exigía esas advertencias adicionales, por lo que las reclamaciones estatales de responsabilidad civil quedaban preempted por la normativa federal.

Antes del debate, era difícil prever una mayoría clara a favor del demandante. La preemption es un tema en el que los jueces conservadores del Tribunal Supremo no siempre coinciden. El juez Thomas, conocido por su postura federalista, ha mostrado escepticismo hacia la preemption federal en casos recientes, como su opinión en Hencely la semana pasada. Por su parte, se esperaba que el juez Gorsuch compartiera esa postura, mientras que los jueces Kavanaugh, Roberts y Alito podrían inclinarse por una preemption federal más amplia para proteger a empresas como Monsanto. La posición de la jueza Barrett era incierta, y aunque la jueza Kagan podría haber apoyado una preemption federal para garantizar uniformidad, no se descartaba lo contrario.

Tras escuchar los argumentos, las predicciones iniciales se mantuvieron. A pesar de los esfuerzos del abogado Paul Clement, no quedó claro dónde podrían encontrarse los cinco votos necesarios para Monsanto. Los jueces hicieron pocas preguntas a Ashley Keller, representante legal de Durnell, quien incluso pudo hablar sin interrupciones durante varios minutos. Con solo diez minutos restantes y sin más preguntas, Keller concluyó su intervención. Generalmente, el bando que recibe más preguntas suele ser el perdedor, aunque en este caso podría deberse al cansancio tras el caso de Cuarta Enmienda, que se prolongó casi dos horas.

El juez Alito permaneció en silencio durante casi toda la sesión, excepto en un momento clave relacionado con el caso Loper Bright, un asunto que ya había destacado en un análisis anterior. El debate central gira en torno a quién tiene la autoridad para interpretar las leyes federales: ¿las agencias reguladoras o los tribunales?

La doctrina Chevron establecía que las agencias recibían deferencia al interpretar estatutos ambiguos. Sin embargo, tras el fallo Loper Bright, que limita el poder de las agencias para dictar normas, surge la duda: ¿siguen las agencias recibiendo esa deferencia? Y, en caso negativo, ¿pueden los tribunales estatales, en un juicio por responsabilidad civil, determinar si existe preemption federal? En esencia, la pregunta es: ¿quién decide la interpretación final de la ley, la agencia o el tribunal?

El fallo Loper Bright parece sugerir que son los tribunales, y no las agencias, quienes deben resolver estas cuestiones legales. Pero, ¿incluye esta interpretación un papel para los tribunales estatales al evaluar la preemption federal?