El Tribunal Supremo de EE.UU. analiza los riesgos de las 'órdenes geofence' en la privacidad digital

Hace siete años, agentes de policía en Midlothian (Virginia, EE.UU.) recurrieron a Google para identificar a un presunto atracador de bancos. Solicitaron a la compañía que rastreara los registros de más de 500 millones de usuarios que habían activado la función de 'historial de ubicación' en sus dispositivos. La búsqueda arrojó 19 terminales que se encontraban en las inmediaciones del banco en el momento del robo, reduciendo la lista a tres sospechosos. Uno de ellos, Okello Chatrie, fue finalmente condenado por el delito.

El caso ha llegado al Tribunal Supremo de EE.UU., donde se debate si el uso de estas llamadas 'órdenes geofence' —que permiten acceder a datos de ubicación masivos— vulnera la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones arbitrarias. La controversia gira en torno a dos doctrinas jurídicas controvertidas que, según los expertos, amenazan los derechos a la privacidad en la era digital.

Los precedentes que ponen en riesgo la privacidad

En 1967, el Tribunal Supremo estableció que la Cuarta Enmienda solo aplica cuando existe una 'expectativa razonable de privacidad'. Posteriormente, en casos relacionados con registros bancarios y llamadas telefónicas, el alto tribunal determinó que no hay tal expectativa cuando los ciudadanos comparten voluntariamente información con terceros para fines comerciales. Sin embargo, estas normas han quedado obsoletas ante el uso masivo de tecnologías que recopilan datos personales de manera rutinaria.

Un ejemplo claro fue el caso de 2018, cuando el FBI rastreó a un sospechoso de robo mediante datos de localización obtenidos de torres de telefonía móvil. Aunque el Tribunal Supremo dictaminó que este tipo de vigilancia generalmente requiere una orden judicial, la decisión chocaba con la doctrina de terceros, como advirtió el juez Neil Gorsuch en su disidencia.

¿Puede el gobierno acceder a tus datos sin límites?

El caso de Chatrie es similar, pero con una diferencia clave: los datos de ubicación fueron obtenidos directamente de su teléfono, no de las torres de telefonía. Aunque Google ya no almacena este tipo de información en sus servidores, muchas aplicaciones populares siguen recopilando y guardando la ubicación de sus usuarios en la nube. En este caso, la policía obtuvo una orden judicial para acceder a esos datos, pero los abogados de Chatrie argumentan que estas órdenes son demasiado amplias y violan la Cuarta Enmienda, que exige que las órdenes judiciales se basen en 'causa probable' y describan 'con precisión' el lugar a registrar y los objetos o personas a incautar.

El gobierno de Trump, representado por el Departamento de Justicia, sostiene que no se necesita una orden para este tipo de búsquedas, ya que los usuarios que aceptan el seguimiento de ubicación renuncian a su derecho a la privacidad sobre esos datos. Durante los argumentos orales ante el Tribunal Supremo, el abogado de Chatrie, Adam Unikowsky, advirtió que, de aceptarse este argumento, el gobierno podría acceder sin restricciones a correos electrónicos, fotos, calendarios y documentos almacenados en la nube, simplemente porque el usuario los compartió con un proveedor de servicios.

«El potencial de abuso es aterrador», declaró Unikowsky en un escrito presentado ante el Tribunal Supremo. «Si la doctrina de terceros se aplica de esta manera, no habría límite a lo que el gobierno podría buscar».

Aunque el abogado del gobierno, Eric Feigin, intentó matizar que su argumento no llegaba tan lejos, los magistrados mostraron su preocupación. La jueza Sonia Sotomayor, por ejemplo, cuestionó si esta interpretación permitiría al Estado acceder a historiales médicos o registros financieros sin necesidad de una orden judicial.

Un debate sobre el futuro de la privacidad digital

El fallo del Tribunal Supremo en este caso podría sentar un precedente crucial sobre cómo se interpretan los derechos a la privacidad en la era de la tecnología. Si el alto tribunal avala las órdenes geofence sin restricciones, expertos advierten que se abriría la puerta a un aumento de la vigilancia masiva por parte de las autoridades, erosionando aún más las protecciones constitucionales.

Por otro lado, si el Tribunal Supremo limita el uso de estas órdenes, podría obligar a las fuerzas de seguridad a recurrir a métodos más tradicionales de investigación, como la vigilancia en persona o la cooperación con testigos, en lugar de depender de datos digitales recopilados por empresas tecnológicas.

El caso también refleja la tensión entre la seguridad pública y el derecho a la privacidad, un debate que se intensifica a medida que avanza la digitalización de la vida cotidiana. Mientras tanto, millones de usuarios en todo el mundo siguen compartiendo datos de ubicación con aplicaciones y servicios en línea, sin ser plenamente conscientes de los riesgos que esto conlleva para sus derechos fundamentales.