El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha restringido una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales, una decisión que podría tener un impacto significativo en el panorama político del Sur del país y alterar el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes.

En una sentencia emitida el pasado miércoles, el alto tribunal limitó la aplicación del Artículo 2 de esta ley histórica, que prohibía la manipulación de distritos electorales con fines discriminatorios por motivos raciales. La decisión se produce tras un largo litigio en Luisiana, donde los votantes afroamericanos, que representan alrededor del 30% de la población estatal, lograron en 2022 que se creara un segundo distrito con mayoría negra.

Sin embargo, un grupo de votantes no afroamericanos impugnó estos nuevos mapas electorales, argumentando que se había priorizado excesivamente la raza en su diseño. Un panel de tres jueces dio la razón a los demandantes en 2024, lo que llevó al Tribunal Supremo a revisar el caso y emitir su fallo definitivo.

¿Qué dice la sentencia?

En la opinión mayoritaria, el juez Samuel Alito argumentó que «como la Ley de Derechos Electorales no obligaba a Luisiana a crear un distrito adicional con mayoría afroamericana, no existía un interés apremiante que justificara el uso de la raza en la elaboración del mapa SB8, considerándolo, por tanto, una manipulación racial inconstitucional».

Esta interpretación restringe la capacidad de la ley para combatir la discriminación racial en la delimitación de distritos, un mecanismo que históricamente ha servido para proteger los derechos electorales de las minorías, especialmente de los ciudadanos afroamericanos en el Sur.

Consecuencias políticas y legales

La decisión podría tener un efecto dominó en varios estados del Sur, donde los republicanos podrían ganar hasta 19 escaños adicionales en la Cámara de Representantes en comparación con los mapas electorales de 2024. Este cambio beneficiaría a la mayoría republicana en el Congreso, según análisis previos.

Además, la sentencia abre la puerta a nuevas impugnaciones contra mapas electorales en otros estados, como Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ya había mostrado interés en redefinir los distritos electorales, confiando en un fallo favorable del Tribunal Supremo.

Reacciones y críticas

Organizaciones defensoras de los derechos civiles han expresado su preocupación por el retroceso que supone esta decisión. April Albright, de la organización Black Voters Matter, declaró a Axios que la Ley de Derechos Electorales «era el guardarraíl» que protegía el derecho al voto en estados con históricas barreras discriminatorias. «Su debilitamiento significa que no queda nada, ya que la mayoría de estos estados rojos tampoco incluyen protecciones robustas en sus constituciones estatales», advirtió.

Críticos de la ley argumentan que el Artículo 14 de la Constitución estadounidense, que prohíbe la discriminación por raza, debería limitar el uso de criterios raciales en la redistribución de distritos, incluso si su objetivo es corregir desigualdades históricas.

Antecedentes del caso

El conflicto en Luisiana se remonta a 2020, cuando grupos de derechos civiles, legisladores y otros actores políticos comenzaron a debatir la necesidad de ajustar los mapas electorales para garantizar una representación justa de la población afroamericana. Tras años de disputas legales, el Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión con una sentencia que redefine el alcance de la Ley de Derechos Electorales y sus implicaciones para el futuro de la democracia en Estados Unidos.

Fuente: Axios