El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado un golpe histórico a la Ley del Derecho al Voto, pilar fundamental del movimiento por los derechos civiles, al anular el mapa electoral rediseñado de Luisiana. En una sentencia dividida por líneas ideológicas (6-3), el alto tribunal determinó que el nuevo mapa, elaborado para incluir una segunda circunscripción con mayoría negra, fue una forma inconstitucional de gerrymandering racial.

La decisión, escrita por el magistrado Samuel Alito y respaldada por los cinco jueces conservadores, establece que «la Ley del Derecho al Voto no obligaba a Luisiana a crear una segunda circunscripción de mayoría negra, por lo que no existía un interés apremiante que justificara el uso de la raza para elaborar el mapa SB8». La jueza Elena Kagan, en su disidencia junto a los dos magistrados liberales, criticó el fallo por debilitar la protección contra la discriminación racial en los procesos electorales.

El caso se remonta a 2020, cuando la legislatura de Luisiana, de mayoría conservadora, rediseñó el mapa electoral tras el censo. El resultado fue una única circunscripción con mayoría negra. Un grupo de votantes negros demandó al estado, alegando que el mapa violaba la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto, que prohíbe la discriminación racial en los distritos electorales. Un tribunal federal de distrito y el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito fallaron a favor de los demandantes, ordenando a Luisiana a crear un segundo distrito con mayoría negra.

Sin embargo, un grupo de votantes que se identificaron como «no afroamericanos» presentó una nueva demanda, argumentando que el nuevo mapa, al priorizar la raza, violaba la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución. Aunque inicialmente un panel de jueces federales bloqueó la aplicación del mapa, el Tribunal Supremo lo permitió de forma temporal. Finalmente, la sentencia definitiva invalida el diseño y sienta un precedente que dificulta futuras demandas por discriminación racial en los distritos electorales.

Este fallo no solo afectará los resultados electorales en Luisiana durante los próximos años, sino que también limita significativamente la capacidad de los votantes para impugnar prácticas discriminatorias bajo la Ley del Derecho al Voto. Según un informe del Comité Judicial del Senado de 1982, esta ley prohíbe «la discriminación contra grupos minoritarios, como la creación de distritos electorales inusualmente grandes para diluir su voto».