¿Están los servicios públicos al borde del colapso? Gobiernos y reguladores cuestionan su modelo tradicional

Los servicios públicos, esas empresas que tradicionalmente han suministrado electricidad, agua y gas a los hogares, están bajo el microscopio. Gobiernos, reguladores, ejecutivos y académicos debaten si el modelo regulatorio del siglo XX —que durante décadas ha garantizado a estas compañías una rentabilidad estable a cambio de ofrecer precios accesibles— sigue siendo viable en la actualidad.

Dos eventos recientes han puesto de manifiesto la urgencia de este debate. En Pensilvania, el gobernador Josh Shapiro envió una carta a las empresas de servicios públicos del estado —incluyendo agua y gas— en la que declaró que "el modelo de servicio público del siglo XX está roto". Shapiro argumentó que los altos costes de los servicios se deben, en parte, a las decisiones políticas y fiscales de estas empresas, especialmente a las excesivas peticiones de subidas tarifarias que han presentado en los últimos años.

Por su parte, Greg Abel, nuevo consejero delegado de Berkshire Hathaway y con trayectoria en su división energética, también advirtió sobre la fragilidad del sistema durante la reunión anual de la compañía. "El desafío es el pacto regulatorio", declaró Abel, refiriéndose al acuerdo histórico en el que las utilities invierten capital regulado y reciben una rentabilidad garantizada a cambio.

Según Abel, este modelo ha funcionado durante años, pero ahora está "cada vez más tensionado". El problema radica en que las empresas necesitan grandes inversiones —para modernizar infraestructuras o hacer frente a catástrofes como incendios forestales—, mientras que los reguladores y gobiernos exigen mantener las tarifas lo más bajas posible. "Si no vemos ese equilibrio, no inyectaremos capital en estos negocios", advirtió.

Presión en el Oeste: incendios forestales y deudas millonarias

La situación es especialmente crítica en el oeste de EE.UU., donde empresas como PacifiCorp —propiedad de Berkshire Hathaway— enfrentan enormes reclamaciones legales por incendios forestales, especialmente en Oregón. En Washington, la compañía acordó vender activos por casi 2.000 millones de dólares en 2024, alegando que las políticas divergentes entre los seis estados donde opera —con plazos agresivos de descarbonización y mecanismos que elevan costes— hacen insostenible su modelo de negocio.

PacifiCorp también ha sido amenazada con rebajas crediticias tras grandes indemnizaciones por incendios en Oregón. En California, la quiebra de PG&E por responsabilidad en incendios forestales es un ejemplo extremo de cómo los costes asociados a estos desastres pueden hundir incluso a gigantes del sector.

El dilema: inversiones vs. tarifas asequibles

Mientras los ciudadanos exigen precios más bajos, las utilities argumentan que se les pide demasiado para operar de manera rentable. En la costa este, los altos costes eléctricos se deben a la dependencia de combustibles fósiles y a la necesidad de modernizar redes antiguas. En el oeste, los incendios forestales y las demandas millonarias añaden una presión adicional.

El debate está servido: ¿debe cambiar el modelo regulatorio para adaptarse a las nuevas realidades climáticas y tecnológicas? ¿O es hora de replantearse el papel de los servicios públicos en la sociedad moderna?