Herramientas de vigilancia para control fronterizo: ¿una amenaza para los ciudadanos estadounidenses?

La historia demuestra que cualquier herramienta o facultad que adquiere un gobierno para resolver una crisis suele ser empleada, casi de inmediato, contra la población general. Este patrón se repite en el ámbito de la vigilancia fronteriza y el control migratorio.

En Estados Unidos, tecnologías de vigilancia masiva, supuestamente creadas para hacer cumplir las leyes migratorias, están siendo redirigidas hacia ciudadanos estadounidenses. Según una investigación del Wall Street Journal publicada la semana pasada, el gobierno federal destina cientos de millones de dólares a sistemas que permiten a agentes acceder a direcciones residenciales y laborales, cuentas en redes sociales, datos de vehículos, historial de vuelos, registros policiales y otra información personal de los ciudadanos. Incluso pueden rastrear sus movimientos diarios.

La noticia se centra en el caso de Liz McLellan, una residente de Maine que fotografió a agentes federales durante una redada migratoria. Al llegar a su domicilio, los agentes le advirtieron: «Esto es una advertencia. Sabemos que vive aquí». McLellan ejercía su derecho constitucional a grabar a funcionarios públicos en espacios abiertos, una práctica protegida por la Primera Enmienda.

El Freedom Forum recuerda que los tribunales han avalado el derecho a grabar actuaciones oficiales de agentes en lugares públicos, como calles o parques. Esta protección se enmarca tanto en la libertad de expresión como en el derecho a la información. Aunque las autoridades alegan que la difusión de estos datos obstaculiza sus operaciones, organizaciones como la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) señalan que los funcionarios no tienen inmunidad frente al «doxxing». De hecho, su poder público exige mayor transparencia y rendición de cuentas.

En este caso, los agentes no solo intimidaron a McLellan, sino que emplearon herramientas diseñadas para combatir la inmigración ilegal con el fin de identificarla y localizar su domicilio.

Un sistema de vigilancia sin precedentes

Según el informe American Dragnet: Data-Driven Deportation in the 21st Century, del Georgetown Law Center on Privacy and Technology, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha acumulado un arsenal de datos sin igual:

• En 2022, el organismo escaneó fotos de licencias de conducir de 1 de cada 3 adultos en EE.UU.
• Tenía acceso a los datos de licencias de 3 de cada 4 adultos.
• Rastreaba los movimientos de conductores en ciudades donde reside el 75% de la población adulta.
• Podía localizar a 3 de cada 4 adultos mediante sus registros de tráfico.

Estas capacidades, financiadas con fondos públicos, permiten a miles de agentes federales acceder a información de más de 300 millones de personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses. La tecnología, originalmente concebida para deportar a personas en situación irregular, se ha convertido en un mecanismo de vigilancia masiva.

«El poder que ejercen los funcionarios públicos hace aún más crucial que la ciudadanía pueda criticarlos y revelar información que los someta a escrutinio». — Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE)

¿Quién controla estos datos?

La falta de transparencia en el uso de estas herramientas plantea serias dudas sobre su legalidad y ética. Aunque las autoridades argumentan que su objetivo es combatir la inmigración ilegal, la realidad es que los datos recopilados afectan a millones de ciudadanos inocentes. Organizaciones de derechos civiles exigen límites claros para evitar el abuso de poder y la invasión de la privacidad.

El caso de McLellan es solo un ejemplo de cómo las tecnologías de vigilancia, financiadas con fondos públicos, pueden volverse en contra de los propios ciudadanos. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde llegará el alcance de estos sistemas y quién garantizará que no se utilicen para fines distintos a los anunciados?