La curiosa conexión entre la compra de armas y la conservación de especies en EE.UU.

Cada vez que un ciudadano estadounidense compra un arma de fuego —ya sea un rifle de asalto como el AR-15, una pistola, una escopeta o cualquier otro tipo de arma o munición—, está contribuyendo indirectamente a la conservación de especies en peligro. Esta curiosa relación se debe a una ley federal poco conocida: la Ley de Restauración de Vida Silvestre (Federal Aid in Wildlife Restoration Act), más conocida como Ley Pittman-Robertson.

Promulgada por el Congreso en 1937, esta normativa establece un impuesto del 11% sobre la venta de armas largas y municiones, y del 10% sobre pistolas, que recae sobre los fabricantes e importadores. Ese dinero se destina directamente a las agencias estatales de vida silvestre, que lo emplean en la restauración de hábitats, el monitoreo de especies amenazadas y la gestión de la caza y la pesca.

En la última década, esta ley ha inyectado cerca de 1.000 millones de dólares anuales a las agencias estatales de vida silvestre, representando alrededor del 18% de sus presupuestos en 2019. El resto proviene de tasas por licencias de caza y pesca, impuestos similares sobre equipos de pesca y otras fuentes de ingresos.

Un aumento en los ingresos por la venta de armas

Los ingresos generados por la Ley Pittman-Robertson han crecido significativamente en las últimas dos décadas, duplicándose en ese período. Este incremento está directamente relacionado con el aumento en las ventas de armas en EE.UU., especialmente en los últimos años.

Sin embargo, esta relación entre la compra de armas y la conservación de la vida silvestre no está exenta de controversia. Algunos académicos y defensores del medio ambiente señalan que financiar la protección de especies con fondos provenientes de la industria armamentística puede ser moralmente problemático y generar incentivos perversos para las agencias estatales, como promover el uso de armas para mantener sus ingresos.

La dependencia de las agencias de vida silvestre

A pesar de los ingresos generados por esta ley, las agencias estatales de vida silvestre siguen enfrentando graves problemas de financiación. Estas instituciones son responsables de gestionar más de un tercio de las especies en peligro de extinción en EE.UU., y los desafíos como el cambio climático agravan aún más su situación.

Según John Casellas Connors, investigador de la Universidad Texas A&M y experto en la Ley Pittman-Robertson,

«las agencias de vida silvestre tienen un claro incentivo para aumentar el uso de armas si quieren mantener sus ingresos. Existe un deseo de facilitar el acceso a actividades de tiro y garantizar que la gente siga comprando y usando armas»

Esto significa que, aunque la ley ha sido fundamental para financiar la conservación, también ha creado una dependencia económica que podría complicar la transición hacia modelos de financiación más sostenibles y éticos.

¿Qué pasaría si desapareciera este impuesto?

La pérdida de los ingresos generados por la Ley Pittman-Robertson sería catastrófica para la conservación de la vida silvestre en EE.UU. A pesar de las críticas, esta ley sigue siendo una de las principales fuentes de financiación para las agencias estatales, que ya luchan por cubrir los costes de proteger a las especies en peligro.

En un contexto donde la biodiversidad enfrenta amenazas cada vez mayores, la financiación adicional —incluso con sus controversias— es más necesaria que nunca. Por ahora, la conexión entre la compra de armas y la conservación de especies sigue siendo un ejemplo de cómo políticas aparentemente desconectadas pueden tener un impacto profundo en el medio ambiente.