La decisión del Tribunal Supremo sobre terrorismo redefine el alcance de la ley federal y estatal en EE.UU.

Un atentado con consecuencias legales históricas

En noviembre de 2016, durante una celebración del Día de los Veteranos en la base militar de Bagram (Afganistán), un terrorista suicida detonó un artefacto explosivo que causó cinco muertos y seventeen heridos. Entre las víctimas se encontraba el soldado Winston Hencely, quien, al intentar interrogar al atacante, provocó involuntariamente la detonación de su chaleco explosivo. Aunque Hencely sufrió graves lesiones craneales y cerebrales que lo dejaron permanentemente discapacitado, el Tribunal Supremo ha determinado que su demanda contra la empresa contratista Fluor Corporation puede proceder.

La doctrina de la 'preemption' en el centro del debate

El caso Hencely v. Fluor Corporation gira en torno a la doctrina de la 'preemption', un principio constitucional que establece que, en caso de conflicto entre leyes federales y estatales, prevalece la normativa federal. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha fallado por seis votos contra tres que la demanda de Hencely no está sujeta a esta preemption, lo que permite que el caso avance para determinar si Fluor Corporation incurrió en negligencia al no supervisar adecuadamente al terrorista, empleado de una de sus subsidiarias en Carolina del Sur.

División inesperada entre los jueces conservadores

La sentencia ha sorprendido por la fractura en el bloque conservador del Tribunal Supremo. La mayoría, formada por los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, respaldó la posición de Hencely. En cambio, el magistrado Samuel Alito, junto con el presidente del Tribunal, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh, disintieron, argumentando que la ley federal debería anular la demanda estatal.

Un precedente que redefine la interpretación de la preemption

Este fallo es significativo porque revela las posturas individuales de los magistrados en casos de preemption, un tema que no siempre divide a los jueces según líneas ideológicas tradicionales. Por ejemplo, en Wyeth v. Levine (2009), el juez Thomas adoptó una visión restrictiva de la preemption, fallando en contra de una farmacéutica cuyo medicamento causó graves daños a una paciente. Sin embargo, en otros casos, como los relacionados con leyes migratorias, los jueces progresistas han argumentado a favor de la preemption para invalidar normativas estatales.

La decisión en Hencely v. Fluor Corporation sugiere que los jueces Thomas, Gorsuch y Barrett comparten una visión escéptica hacia la expansión de la preemption, mientras que los otros tres magistrados conservadores muestran mayor deferencia hacia los argumentos que priorizan la ley federal. Este matiz podría tener implicaciones en futuros litigios que involucren conflictos entre regulaciones estatales y federales.

«La preemption no debe interpretarse como un escudo automático para las empresas que operan bajo contratos federales», declaró un experto en derecho constitucional. «Este fallo abre la puerta a que las víctimas de negligencia busquen justicia en los tribunales estatales, incluso cuando están involucradas entidades con vínculos federales».

¿Qué significa este fallo para el futuro?

La sentencia en Hencely v. Fluor Corporation establece un precedente clave sobre los límites de la preemption federal. Aunque el caso se centra en un contexto militar, sus implicaciones podrían extenderse a otros sectores regulados por el gobierno federal, como la farmacéutica, la inmigración o la seguridad nacional. Los abogados especializados en litigios estatales ahora tendrán un argumento más sólido para impugnar la inmunidad de empresas que, bajo contratos federales, incumplen normativas locales.

Mientras tanto, la batalla legal entre Hencely y Fluor Corporation entra en una nueva fase, donde se evaluará si la empresa incumplió sus obligaciones de supervisión. El fallo del Tribunal Supremo no resuelve el fondo del asunto, pero sí redefine el marco legal en el que se desarrollará el juicio.