El error clave en la decisión del Tribunal Supremo de Virginia sobre el gerrymandering

El Tribunal Supremo de Virginia ha dictaminado, por cuatro votos contra tres, la anulación de los nuevos mapas electorales del estado. Estas modificaciones, aprobadas recientemente, buscaban otorgar a los demócratas cuatro escaños adicionales en las elecciones al Congreso tras las primarias de mitad de mandato.

La medida respondía a un intento de contrarrestar los gerrymanders republicanos en estados como Texas. Sin embargo, la decisión judicial ha generado un intenso debate sobre la validez del proceso de enmienda constitucional que permitió estos cambios.

El debate sobre la enmienda constitucional

El caso Scott v. McDougle se centra en una disposición de la Constitución de Virginia que regula las enmiendas constitucionales. Según este proceso, la legislatura estatal debe proponer una enmienda, que luego debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas. Finalmente, la propuesta se somete a votación popular, y si la mayoría de los votantes la aprueba, se incorpora a la Constitución.

En 2020, Virginia aprobó una enmienda para establecer salvaguardas contra el gerrymandering. Sin embargo, en 2025, los votantes aprobaron una nueva enmienda que, temporalmente, anuló la anterior. Esta última permitía redibujar los mapas electorales para contrarrestar los gerrymanders republicanos en otros estados.

La polémica por la votación anticipada

La mayoría del Tribunal Supremo argumentó que la nueva enmienda es inválida porque la legislatura estatal la propuso en octubre de 2025, cuando ya había comenzado la votación anticipada en el estado. Según el tribunal, esto habría privado a unos 1,3 millones de votantes de la oportunidad de expresar su apoyo o rechazo a la propuesta al votar por sus representantes legislativos.

En esencia, el tribunal sostiene que los votantes que se oponían a la enmienda fueron privados de su derecho a votar por legisladores que la rechazaran. Sin embargo, esta interpretación ha sido criticada por expertos en derecho constitucional, que señalan que la Constitución de Virginia no establece claramente cómo debe aplicarse este proceso en el contexto de la votación anticipada.

Las críticas a la decisión judicial

Los expertos destacan que tanto la opinión mayoritaria como la disidente en el caso se centraron en la interpretación del término «elección» en la Constitución de Virginia. Ambas partes presentaron argumentos basados en diccionarios, precedentes históricos y fuentes jurídicas para respaldar sus posturas.

Sin embargo, los críticos señalan que este enfoque textualista no resuelve el problema central: ¿cuál es el propósito real de la disposición constitucional? En lugar de centrarse en el significado de una palabra, los jueces podrían haber evaluado si el proceso de enmienda cumple con el objetivo de garantizar una representación justa y transparente.

«El Tribunal Supremo de Virginia ha perdido una oportunidad para aclarar un proceso que debería servir para proteger los derechos de los votantes, no para confundirlos», declaró un experto en derecho constitucional.

¿Qué sigue para Virginia?

La anulación de los nuevos mapas electorales deja al estado en una situación incierta. Los demócratas, que esperaban beneficiarse de estos cambios, ahora enfrentan un escenario en el que los mapas anteriores podrían mantenerse vigentes. Esto podría alterar el equilibrio de poder en el Congreso y afectar los resultados de las próximas elecciones.

Mientras tanto, los votantes y los legisladores deben esperar a ver si el Tribunal Supremo de Virginia reconsidera su decisión o si el caso llega a instancias federales. La polémica subraya la importancia de contar con procesos electorales claros y transparentes que eviten controversias como esta en el futuro.