Una decisión regulatoria tomada en Washington podría tener consecuencias inesperadas en los ecosistemas más remotos de Sudamérica, a más de 7.000 kilómetros de distancia. La Ley GENIUS, firmada por Donald Trump en julio de 2025, establece un marco normativo para las stablecoins —criptomonedas vinculadas al dólar estadounidense—, exigiendo que estén respaldadas por reservas en dólares o títulos del Tesoro. Aunque busca dar orden a un mercado con escasa supervisión, su impacto podría extenderse más allá de los mercados financieros.
Demanda energética y presión sobre ecosistemas frágiles
La medida, según expertos, refuerza la demanda global de criptomonedas y, por tanto, la necesidad de centros de datos que consumen enormes cantidades de electricidad. Este aumento indirecto de la búsqueda de energía barata está afectando ya a países como Brasil y Paraguay, donde operaciones de minería digital están tensionando sus sistemas eléctricos y reavivando debates sobre la expansión de infraestructuras energéticas en zonas de alto valor ecológico, como el Pantanal y el Gran Chaco.
Estos dos biomas son clave para la biodiversidad global. El Pantanal, el humedal tropical más extenso del mundo, abarca partes de Brasil, Bolivia y Paraguay y depende del equilibrio hidrológico de la cuenca del río Paraguay, esencial para las inundaciones estacionales que sostienen su fauna. Por su parte, el Gran Chaco, el bosque seco más grande de Sudamérica, se extiende por Paraguay, Bolivia y Argentina y alberga especies emblemáticas como el jaguar, el tatú carreta y cientos de aves, además de territorios ancestrales de pueblos indígenas.
¿Qué implica la Ley GENIUS?
La Ley GENIUS regula las stablecoins, criptomonedas cuyo valor está anclado al dólar. Obliga a las empresas emisoras a mantener reservas equivalentes al valor en circulación, compuestas principalmente por dólares o bonos del Tesoro de EE.UU. Hasta ahora, este mercado operaba con poca supervisión.
Francis Wagner, responsable de criptomonedas en Hurst Capital, advierte que la ley «tiene más potencial para expandir la demanda global de criptomonedas que para frenar el sector». Según la AIE (Agencia Internacional de la Energía), el consumo eléctrico asociado a las criptomonedas podría crecer más de un 40% para 2026. En 2022, estas monedas digitales consumieron unos 110 teravatios-hora, una cifra equivalente a cinco veces el consumo anual de electricidad de Paraguay, aunque aún representa solo una fracción del total en Brasil.
El alto coste ambiental de la minería digital
El sistema de validación de transacciones, conocido como prueba de trabajo (Proof of Work), requiere que miles de ordenadores compitan constantemente para resolver complejos problemas criptográficos. Este proceso, que funciona las 24 horas del día, demanda una cantidad ingente de energía. Cuando el precio de las criptomonedas sube —o se introducen incentivos regulatorios como la Ley GENIUS—, más mineros se suman a la red, aumentando el uso de hardware y el consumo eléctrico.
Cleber Leite, director de energía sostenible y bioeconomía del Instituto E+ Transição Energética de Brasil, explica que los mineros buscan electricidad barata, lo que los lleva a operar en regiones con recursos hídricos abundantes o políticas energéticas favorables. «Esto ejerce presión sobre ecosistemas ya frágiles, donde la expansión de infraestructuras puede alterar ciclos naturales críticos», señala.
Un futuro incierto para los ecosistemas sudamericanos
Mientras los gobiernos de la región debaten cómo equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental, la minería de criptomonedas se consolida como una nueva amenaza. Organizaciones ecologistas ya alertan sobre el riesgo de que la búsqueda de energía barata lleve a la construcción de represas o centrales térmicas en áreas protegidas, con consecuencias irreversibles para especies en peligro y comunidades locales.
La paradoja es clara: una ley diseñada para dar estabilidad al sistema financiero global podría estar desestabilizando algunos de los entornos más valiosos del planeta.