El Supremo examina la revocación del TPS por parte de Noem
Cientos de miles de migrantes han depositado su última esperanza en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que este miércoles analizará dos demandas contra la decisión de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para solicitantes de asilo de once países.
¿Por qué es relevante?
Noem canceló el TPS el pasado año, alegando que las condiciones en esos países habían mejorado. Sin embargo, los afectados denuncian que el proceso careció de transparencia y que las decisiones se basaron en criterios políticos, no en evaluaciones objetivas de seguridad.
El argumento legal: ¿Pueden los tribunales revisar las decisiones?
La ley que creó el TPS establece que las decisiones sobre su terminación no son recurribles judicialmente. No obstante, los demandantes alegan vicios de procedimiento y discriminación. Ahilan Arulanantham, abogado que representa a ciudadanos sirios, declaró en una rueda de prensa:
"Si el gobierno tiene razón, podría terminar el TPS sin realizar ninguna revisión de las condiciones del país, lo que dejaría a miles de personas en riesgo de deportación".
Documentos judiciales revelan falta de rigor
Según los escritos presentados, la exsecretaria Noem basó su decisión en un correo de dos líneas del Departamento de Estado que no hacía referencia a las condiciones reales de los países afectados. Un exfuncionario de inmigración anónimo declaró a The New York Times Magazine que
"países que meses antes se consideraban inseguros, de repente pasaron a ser seguros. Fue un completo fraude".
La defensa del gobierno: inmunidad judicial
El gobierno argumenta que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones sobre el TPS, independientemente de su motivación o proceso. En un escrito judicial, se afirma:
"El Congreso prohibió a los tribunales federal cuestionar las determinaciones del TPS, ya sea por el resultado final, el proceso decisorio, el razonamiento sustantivo o cualquier otro aspecto".
El contexto: 1,3 millones de personas en riesgo
En EE.UU. residen actualmente unos 1,3 millones de personas con TPS, un estatus que les protege de la deportación y les permite trabajar legalmente. La administración Trump revocó las designaciones de TPS para once de los quince países beneficiarios. Las restantes están en proceso de revisión, incluyendo una segunda designación para Venezuela.
Caso especial: Haití y la discriminación racial
Los solicitantes haitianos añaden otro argumento: alegan que la revocación de su TPS fue motivada por prejuicios raciales y se decidió incluso antes de que Trump asumiera el cargo. Aunque la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley bipartidista para restaurar las protecciones, el Senado aún no lo ha debatido.
¿Qué pasará si ganan los migrantes?
Aunque los demandantes lograran que el Supremo declare ilegales las revocaciones para Haití y Siria, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, podría volver a evaluar las condiciones y llegar a la misma conclusión.