El Instituto para la Justicia ha publicado la última edición de Short Circuit, un resumen semanal de fallos relevantes de los tribunales de apelación federales. Esta semana, el podcast asociado al proyecto se emitió en directo desde la Facultad de Derecho de Michigan, centrado en un análisis exhaustivo del derecho administrativo.
Entre los casos destacados, el Cuarto Circuito abordó una disputa surgida tras una expropiación en Baltimore en 2006. La ciudad cedió terrenos a un promotor privado para un desarrollo urbano que finalmente fracasó, dejando la zona abandonada y en mal estado. Aunque los vecinos afectados consideraron que la expropiación violaba la Cláusula de Expropiación, el tribunal determinó que no tenían legitimación para impugnar la decisión.
En otro caso, un marino reservista de la Armada, condenado y posteriormente indultado por su participación en los disturbios del Capitolio el 6 de enero, adquirió más de 40.000 dólares en armas y equipos, incluyendo silenciadores no registrados. El Cuarto Circuito confirmó su condena por posesión de estos dispositivos, argumentando que, incluso si los silenciadores se consideraran armas protegidas por la Segunda Enmienda, el régimen de licencias aplicable es constitucional según precedentes del tribunal. Los jueces Wilkinson y Richardson emitieron votos particulares: el primero consideró que los silenciadores están fuera del ámbito de la Segunda Enmienda, mientras que el segundo criticó el precedente del circuito por no alinearse con la jurisprudencia reciente.
El Quinto Circuito revisó un caso en el que agentes del sheriff del condado de Harris (Texas) irrumpieron en la vivienda equivocada en dos ocasiones, despertando a los vecinos a punta de pistola. Aunque inicialmente se desestimó la demanda, el tribunal revocó parcialmente la decisión, permitiendo que el caso avance.
Un fallo del Séptimo Circuito generó controversia al avalar que los términos de servicio de plataformas como Dropbox permiten a entidades gubernamentales acceder a archivos de usuarios sin necesidad de una orden judicial. La sentencia profundiza la división entre circuitos sobre la interpretación de la Cuarta Enmienda en el contexto digital.
Por último, el Séptimo Circuito resolvió una disputa entre un grupo de no ciudadanos y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre una política de detenciones sin orden judicial. Tras una sentencia de 2022 que estableció un decreto de consentimiento con vigencia hasta mayo de 2025, los demandantes solicitaron una prórroga. El tribunal concedió una extensión de solo 118 días, rechazando la petición del gobierno de limitarla aún más.