La teoría de Thayer: ¿Un poder judicial limitado?
En 1893, el profesor de derecho de Harvard James Bradley Thayer publicó uno de los artículos más influyentes en la historia jurídica de Estados Unidos: "El origen y alcance de la doctrina estadounidense del derecho constitucional". En él, defendía una postura radical: el Tribunal Supremo de EE.UU. (SCOTUS) debería anular leyes del Congreso por inconstitucionalidad solo en casos excepcionales, cuando la violación fuera "tan clara que no admita duda razonable".
Según Thayer, los jueces federales debían mostrar una deferencia casi absoluta hacia las decisiones legislativas, limitando su capacidad de revisión constitucional. Esta idea, aunque extrema, tuvo un impacto duradero en juristas como Oliver Wendell Holmes y Louis Brandeis, e incluso en el propio Felix Frankfurter, quien declaró en 1963: "Ambos [Holmes y Brandeis] influyeron en mi visión constitucional, pero ambos derivaron sus ideas de la misma fuente que yo: James Bradley Thayer".
El debate actual: ¿Supermayorías para anular leyes?
Recientemente, el debate sobre la influencia del Congreso en el SCOTUS ha resurgido. Jesse Wegman, del Brennan Center for Justice, propuso una reforma que exige mayorías cualificadas (7-2, 8-1 o 9-0) para que el Tribunal pueda invalidar una ley aprobada por el legislativo. La justificación: obligar a los jueces a "trabajar más" antes de bloquear decisiones democráticas.
Esta propuesta, inspirada en la doctrina de Thayer, busca limitar el poder judicial cuando se enfrenta a leyes emanadas de representantes electos. Sin embargo, su aplicación práctica plantea interrogantes: ¿Es realmente lo que buscan los progresistas hoy? La respuesta no es sencilla.
Casos históricos: ¿Doble rasero en la deferencia?
La historia del SCOTUS muestra que la deferencia hacia el Congreso no ha sido constante. En 2013, el Tribunal anuló una parte clave de la Defense of Marriage Act (DOMA) con una votación de 5-4, sin necesidad de mayorías cualificadas. Este fallo, celebrado como una victoria liberal, demuestra que la exigencia de supermayorías no siempre ha sido una prioridad para los progresistas.
La composición actual del Tribunal, con una mayoría de 6-3 de jueces designados por republicanos, podría explicar el interés actual en restringir su poder. Pero, ¿no sería contradictorio que los progresistas, que históricamente han defendido un poder judicial activo, aboguen ahora por limitarlo? El debate refleja tensiones profundas sobre el equilibrio de poderes en una democracia.
¿Hacia un poder judicial más limitado?
La propuesta de Wegman y sus defensores se enmarca en una tradición que cuestiona el activismo judicial. Sin embargo, su implementación plantea riesgos: ¿Se corre el peligro de debilitar la protección de derechos fundamentales? ¿O se trata simplemente de un ajuste necesario para evitar decisiones partidistas?
Lo cierto es que, más de un siglo después de Thayer, su legado sigue vivo. La pregunta ahora es si la sociedad estadounidense está dispuesta a aceptar un poder judicial que, en nombre de la deferencia, renuncie a su papel como garante último de la Constitución.