El alcalde de un pueblo texano impulsa leyes para limitar el poder de las ciudades

Un abogado y alcalde que redefine el gobierno local en Texas

En febrero de 2024, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra los responsables de Dallas por no cumplir con la financiación adecuada del departamento de policía y violar una medida aprobada por los votantes que exigía la contratación de hasta 900 nuevos agentes. «Presenté esta demanda para garantizar que Dallas financie plenamente la aplicación de la ley, proteja la seguridad pública y rinda cuentas a sus ciudadanos», declaró Paxton en un comunicado. «Cuando los votantes exigen más fondos para la policía, las autoridades locales deben cumplir de inmediato».

Detrás de esta acción legal se encuentra, en gran parte, la figura de Art Martinez de Vara, un abogado privado y alcalde de Von Ormy, un pueblo de 1.100 habitantes en el sur de Texas. Durante más de dos décadas, Martinez de Vara ha sido una figura clave en los círculos conservadores de Texas, promoviendo la creación de municipios con gobiernos mínimos, casi inexistentes, y una fiscalidad austera. Su página web lo define como historiador, antropólogo y abogado, aunque su influencia va mucho más allá.

De «ciudades libertarias» a restricciones legales

Martinez de Vara ha impulsado un modelo de gobierno local basado en la reducción drástica de impuestos y regulaciones, algo que, aunque no ha cuajado como movimiento masivo en Texas, ha encontrado un nuevo enfoque en los últimos años: limitar la capacidad de las ciudades para decidir cómo gastar sus fondos y qué políticas aplicar.

En Dallas, su estrategia tomó forma a través de la coalición Dallas HERO, un grupo financiado en parte por el magnate republicano Monty Bennett, dueño de hoteles en la zona. Como abogado de la organización, Martinez de Vara ayudó a redactar y promover medidas electorales que obligaban a la ciudad a destinar una parte significativa de su presupuesto a contratar más policías y aumentar los salarios iniciales, incluso si ello implicaba recortar otros servicios públicos.

En 2023, la ciudad acordó financiar la contratación de 350 agentes adicionales para cumplir con estos requisitos, aunque no se estableció un plazo concreto para su implementación. Otra medida impulsada por Martinez de Vara eliminó la inmunidad legal de Dallas frente a demandas, exponiendo a la ciudad a posibles litigios por parte de opositores a sus políticas. Los defensores de estas iniciativas argumentaron que harían Dallas más segura y obligarían a los funcionarios locales a rendir cuentas ante los ciudadanos.

Sin embargo, los representantes electos de Dallas, en su mayoría opuestos a estas reformas, se enfrentan ahora a un escenario en el que sus decisiones están cada vez más restringidas por marcos legales diseñados desde fuera de la administración municipal.

Un modelo con raíces en Texas

La filosofía de gobierno mínimo de Martinez de Vara no es nueva en Texas, un estado que históricamente ha defendido la descentralización y la reducción del poder estatal. No obstante, su enfoque actual va más allá de la creación de «ciudades libertarias» y se centra en imponer límites legales a la autonomía de las ciudades más grandes, como Dallas, Houston o San Antonio.

Estas restricciones, según sus detractores, pueden debilitar la capacidad de las administraciones locales para responder a las necesidades específicas de sus comunidades, especialmente en áreas como vivienda, educación o servicios sociales. Para sus defensores, sin embargo, representan un paso necesario para evitar el despilfarro y garantizar que los fondos públicos se destinen prioritariamente a prioridades como la seguridad.

¿Hacia dónde se dirige este modelo?

El caso de Dallas es solo un ejemplo de cómo las batallas políticas en Texas están redefiniendo el equilibrio de poder entre el estado y las ciudades. Con figuras como Martinez de Vara liderando iniciativas legales y electorales, el debate sobre el alcance del gobierno local está más vivo que nunca. Mientras tanto, ciudades como Dallas deben navegar un marco legal cada vez más complejo, donde las decisiones que antes eran competencia exclusiva de sus autoridades ahora están sujetas a restricciones impuestas desde instancias externas.

El futuro de este modelo dependerá de cómo evolucionen las demandas legales, los resultados electorales y la capacidad de las ciudades para adaptarse a un entorno político en constante cambio.