El DOJ no puede convertir '86 47' en una amenaza de muerte contra Trump, según expertos

El fiscal general interino del Departamento de Justicia (DOJ), Todd Blanche, aseguró en una entrevista en Meet the Press de la NBC que una investigación de 11 meses ha recopilado "un conjunto de pruebas" que respaldan la acusación federal contra el exdirector del FBI, James Comey. La imputación, considerada por muchos como insólita, lo acusa de amenazar públicamente con asesinar al expresidente Donald Trump.

Blanche no detalló el contenido de estas pruebas adicionales, pero afirmó que demostrarían la "intención" necesaria para condenar a Comey. Sin embargo, expertos legales y analistas políticos ponen en duda la solidez de esta acusación, especialmente en su primer cargo, que se basa en una publicación de Instagram del pasado mayo.

Según la acusación, Comey habría violado el artículo 18 USC 871 al "amenazar de manera deliberada y voluntaria" con causar daño físico o muerte al presidente de Estados Unidos. El supuesto delito se habría cometido al publicar una fotografía en Instagram donde conchas marinas formaban el mensaje "86 47". Las autoridades alegan que un "receptor razonable" interpretaría este mensaje como una amenaza seria.

La interpretación constitucional de este caso es clave, ya que la Corte Suprema ha establecido criterios claros para distinguir entre "amenazas reales" y libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. El término "86 47" es un eslogan ampliamente utilizado que significa "rechazar" o "eliminar", algo común en camisetas y pegatinas disponibles en plataformas como Amazon. Resulta poco creíble que esta expresión pueda interpretarse como una amenaza de asesinato.

Además, para condenar a Comey bajo la Sección 871, la fiscalía debería demostrar, más allá de toda duda razonable, que actuó con "conocimiento y voluntad" de amenazar al presidente. Esto va más allá del estándar de "negligencia consciente" establecido por la Corte Suprema en el caso Counterman v. Colorado (2023), que exige que el acusado "considere conscientemente un riesgo sustancial" de que su mensaje sea interpretado como una amenaza.

La Sección 871 exige un estándar más estricto: demostrar que el acusado no solo fue consciente del riesgo, sino que pretendía que su mensaje fuera interpretado como una amenaza de violencia. En el caso United States v. Fuller (2004), el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito determinó que, aunque el acusado no tuviera intención de cumplir la amenaza, el gobierno debía probar que "comunicó de manera deliberada y voluntaria" un mensaje que pudiera ser entendido como tal.

La defensa de Comey podría argumentar que el mensaje "86 47" es una expresión política común y que, en ningún caso, cumple con los requisitos legales para ser considerado una amenaza penalizable. La ambigüedad del término y su uso generalizado en contextos no violentos refuerzan este argumento.

Este caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de leyes penales para perseguir declaraciones controvertidas. Mientras el DOJ insiste en la validez de las pruebas, críticos señalan que la acusación podría sentar un peligroso precedente para la persecución de opiniones políticas disfrazadas de amenazas.