El presidente del Tribunal Supremo de EE.UU. John Roberts desmantela la Ley de Derechos Electorales tras décadas de lucha

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado un paso más en su estrategia para erosionar la Ley de Derechos Electorales de 1965, una pieza fundamental en la lucha contra la discriminación racial en el acceso al voto. En su reciente sentencia del caso Louisiana v. Callais, el tribunal ha eliminado la última disposición activa de esta ley histórica.

Aunque el fallo fue redactado por el juez Samuel Alito, su diseño responde a una trayectoria de más de cuatro décadas impulsada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Desde que asumió el cargo en 2005, Roberts ha participado activamente en cada decisión que ha debilitado esta normativa, consolidando así un legado de restricciones al derecho al voto.

La Corte Roberts: tres golpes contra la Ley de Derechos Electorales

Este no es el primer ataque de la Corte Roberts contra la ley. En los últimos años, el tribunal ha emitido tres sentencias clave que han reducido su alcance:

• 2013: Shelby County v. Holder – Eliminó la fórmula que determinaba qué estados debían obtener autorización federal para modificar sus leyes electorales, alegando que ya no era necesaria.
• 2021: Brnovich v. Democratic National Committee – Amplió las restricciones para impugnar leyes electorales bajo la Sección 2 de la ley, dificultando las demandas por discriminación.
• 2024: Louisiana v. Callais – Eliminó la última disposición activa, dejando a la ley sin herramientas efectivas para proteger el derecho al voto.

En cada uno de estos casos, Roberts no solo apoyó las decisiones, sino que fue coautor o impulsor de las mismas. Su oposición a la ley no es reciente: desde sus primeros años como abogado en el Departamento de Justicia durante la administración Reagan, Roberts ha abogado por limitar el alcance de la Ley de Derechos Electorales.

Un legado de restricciones al voto

La estrategia de Roberts se basa en una interpretación restrictiva de la ley, argumentando que ya no existe la discriminación racial sistemática que justificó su creación. Sin embargo, críticos señalan que su enfoque ignora el resurgimiento de barreras como la supresión de votantes, el cierre de colegios electorales en comunidades minoritarias y la manipulación de distritos electorales.

«Roberts ha dedicado décadas a desmantelar una ley que salvó a millones de personas de la exclusión electoral. Su legado no es solo jurídico, sino político: ha allanado el camino para que los estados impongan restricciones que afectan desproporcionadamente a las minorías».

¿Qué sigue? La lucha por restaurar los derechos electorales

Ante este escenario, organizaciones defensoras de los derechos civiles han advertido que la batalla por el voto no ha terminado. Aunque la Corte Suprema ha cerrado vías legales, existen alternativas para contrarrestar estos fallos:

• Presión legislativa: Reformar la Ley de Derechos Electorales para adaptarla a las nuevas realidades, como propone el proyecto John Lewis Voting Rights Advancement Act.
• Movilización social: Campañas para registrar votantes y exigir transparencia en los procesos electorales.
• Litigios estratégicos: Buscar nuevas vías legales que aborden las barreras modernas al voto, como la manipulación de distritos electorales.

Expertos advierten que, sin una respuesta contundente, el retroceso en los derechos electorales podría acelerarse, especialmente en estados con históricas prácticas discriminatorias.

Mientras tanto, el debate sobre el papel del Tribunal Supremo en la protección de los derechos fundamentales sigue abierto. ¿Hasta dónde llegará Roberts en su cruzada contra la Ley de Derechos Electorales?