El riesgo oculto de los startups nucleares en EE.UU.: ¿Priorizan los beneficios sobre la seguridad?

El modelo de energía nuclear en Estados Unidos destaca por su alto grado de privatización, algo poco común en el resto del mundo. Mientras países como China y Francia gestionan sus reactores a través de empresas estatales —incluso con la renacionalización de su principal compañía nuclear en 2023—, EE.UU. deja el control de sus centrales casi exclusivamente en manos del sector privado.

Para los defensores del libre mercado, esta estrategia es la ideal. Sin embargo, desde una perspectiva externa, este sistema conlleva consecuencias preocupantes: subdotación crónica de personal, subsidios públicos a beneficios privados y, sobre todo, serias dudas sobre la seguridad.

El INPO, el organismo de seguridad nuclear que los startups ignoran

Un informe reciente de E&E News, medio especializado en energía de Politico, ha revelado que varias empresas emergentes del sector nuclear están evitando unirse al Instituto de Operaciones de Energía Nuclear (INPO), el principal organismo de seguridad del sector.

Creado tras el accidente parcial de la central de Three Mile Island en 1979, el INPO no es una entidad gubernamental, sino un organismo sin ánimo de lucro encargado de inspeccionar plantas, compartir buenas prácticas entre empresas y formar al personal nuclear. Aunque su adhesión es voluntaria, hasta ahora todas las empresas del sector se habían unido.

Sin embargo, de las nueve startups nucleares surgidas al calor del auge de los centros de datos —como Aalo Atomics (nuclear de fabricación masiva) o Antares Nuclear (microrreactores)— solo una ha decidido formar parte del INPO.

¿Beneficio a corto plazo vs. seguridad a largo plazo?

La razón detrás de esta decisión es clara: el lucro. Scott Morris, consultor nuclear y exfuncionario de la Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU. (NRC), lo resume así:

«Estas empresas son negocios y su objetivo es ganar dinero. Cualquier estructura que no contribuya directamente a sus beneficios será cuestionada».

La situación se agrava con los recortes regulatorios impulsados por la administración de Donald Trump, que ha transferido parte de las competencias de la NRC al INPO. Esto ha convertido en opcionales ciertas normas de operación y mantenimiento para las empresas del sector.

«La NRC no duplica el trabajo del INPO, sino que lo complementa. Sin embargo, al delegar autoridad regulatoria, se debilita el sistema de supervisión», explica Morris.

Este vacío normativo aumenta el riesgo de accidentes en un momento en el que el sector nuclear experimenta un crecimiento acelerado, impulsado por la demanda energética de los centros de datos y la transición hacia fuentes bajas en carbono.

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