El Tribunal Supremo de EE.UU. decidirá si los migrantes pueden ser devueltos a zonas de guerra

Un dilema humanitario con consecuencias legales

Imagina que eres un extranjero disfrutando de unas vacaciones en Nueva York cuando estalla una guerra civil en tu país de origen. Mientras miles de personas, incluidos disidentes políticos y civiles atrapados en el fuego cruzado, son asesinadas, tu visado turístico está a punto de expirar. Regresar a casa podría significar una sentencia de muerte.

La ley federal de 1990 ofrece un alivio humanitario en estas situaciones. El Estatuo de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permite a ciudadanos no estadounidenses permanecer en EE.UU. si su país enfrenta un conflicto armado, desastres naturales u otras catástrofes que lo hacen inseguro. Antes de 1990, algunos extranjeros en estas circunstancias podían quedarse bajo el programa de «salida voluntaria extendida», pero la ley de 1990 formalizó el proceso.

¿Cómo funciona el TPS?

El TPS es una medida temporal. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisa periódicamente los países incluidos en la lista y los retira cuando la crisis humanitaria cesa. Los beneficiarios deben registrarse y cumplir requisitos como no tener antecedentes penales graves, múltiples delitos menores o vínculos con el narcotráfico o el terrorismo. Quienes obtienen el TPS pueden trabajar legalmente en EE.UU. durante su estancia.

La administración Trump y su postura contra el TPS

La administración del expresidente Donald Trump mostró una postura hostil hacia el programa TPS como parte de su política migratoria restrictiva. En su primer día de mandato, Trump firmó una orden ejecutiva titulada «Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión», donde ordenó a su gabinete limitar el alcance del TPS y garantizar que solo se aplicara cuando fuera estrictamente necesario según la ley.

Como resultado, su gobierno revocó el TPS para los 13 países que debían ser revisados, en algunos casos antes de que venciera el plazo establecido. Los países afectados incluyen: Yemen, Somalia, Etiopía, Haití, Birmania, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Nepal, Camerún y Afganistán.

Dos casos clave en el Tribunal Supremo

Los casos Mullin v. Doe y Trump v. Miot, que se debatirán en el Tribunal Supremo el próximo abril, cuestionan la legalidad de la decisión de Trump de cancelar el TPS. El primero se centra en la revocación del estatus para Siria, un país que recientemente salió de una guerra civil tras derrocar a su presidente en 2024. El segundo afecta a nacionales haitianos que temen regresar a un país sin gobierno estable y dominado por bandas criminales.

La decisión del Tribunal Supremo podría tener un impacto masivo en la vida de miles de personas que, de ser obligadas a regresar, enfrentarían graves riesgos para su seguridad.

Contexto adicional: El TPS en números

• El programa beneficia a más de 400.000 personas en EE.UU.
• Haití es uno de los países con mayor número de beneficiarios del TPS.
• La revocación del TPS para Haití en 2018 generó protestas masivas por el riesgo que enfrentan los migrantes al regresar.

«La decisión del Tribunal Supremo no solo definirá el futuro de miles de personas, sino que también pondrá a prueba el equilibrio entre la soberanía migratoria de EE.UU. y la protección de vidas humanas».