Empresas deben ignorar el chantaje de Trump por los aranceles ilegales

En una entrevista en Squawk Box de CNBC, el expresidente Donald Trump respondió a las preguntas sobre por qué gigantes como Apple y Amazon no habían solicitado la devolución de los aranceles que pagaron durante el último año, pese a que el Tribunal Supremo declaró su cobro inconstitucional. «Creo que es brillante que no lo hagan», declaró Trump. «Si no lo hacen, me acordaré de ellos».

Esta no fue una estrategia de negociación, sino una amenaza velada: el gobierno recauda unos 166.000 millones de dólares en aranceles a importadores estadounidenses, una medida que el alto tribunal ya ha calificado como un abuso de poder presidencial. Las empresas que renuncian a reclamar esos fondos, en la práctica, respaldan la ilegalidad. Aunque no se dijo explícitamente, el mensaje implícito es claro: quienes ejerzan sus derechos legales podrían ser «recordados», pero no precisamente con elogios.

Este episodio, eclipsado por otros escándalos y tensiones internacionales, merece atención. La pregunta clave es: ¿qué harán las empresas afectadas por este esquema arancelario ilegal? Los aranceles, impuestos el año pasado y que impactan el comercio global de EE.UU., fueron anulados en febrero por el Tribunal Supremo con una votación de 6 a 3. A pesar de esta claridad legal, no es difícil imaginar por qué una compañía podría considerar complacer al expresidente para mantener su favor.

La administración Trump ha intervenido repetidamente en el sector privado, influyendo en fusiones, regulaciones e incluso rescates financieros. Sin embargo, esta amenaza directa es una línea que las empresas deben rechazar sin dudar. Ceder significaría traicionar tanto a los accionistas como a los clientes.

En primer lugar, los directivos y consejeros de empresas cotizadas tienen obligaciones fiduciarias con sus accionistas. Renunciar a millones —o miles de millones— en reembolsos legales contradice esos deberes. Además, daña la reputación de la marca. Muchas compañías trasladaron el costo de los aranceles a los consumidores mediante subidas de precios. Ahora, al no reclamar esos fondos, estarían diciendo: «Subimos los precios por costes que ahora elegimos no recuperar, porque al presidente le gustaría».

En contraste, empresas como Costco han adoptado una postura firme. En noviembre de 2025, antes incluso de la sentencia del Tribunal Supremo, el gigante del comercio minorista presentó una demanda federal para impugnar los aranceles como ilegales y exigir la devolución íntegra, incluyendo intereses. Sus ejecutivos han asegurado a los inversores que, de lograrlo, trasladarán los ahorros a los clientes «mediante precios más bajos y mejores ofertas». Aunque el proceso aún no está detallado, la transparencia será clave para diferenciarse de quienes opten por el silencio.