Juez cuestiona acuerdo de 68 millones con promotora texana: ¿Dónde queda la compensación a las víctimas?

Un juez federal de Texas ha expresado su malestar con un acuerdo propuesto de 68 millones de dólares entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y la promotora inmobiliaria Colony Ridge, acusada de engañar a miles de residentes hispanos con préstamos abusivos y ejecuciones hipotecarias ilegales.

Durante una audiencia judicial, el juez Alfred H. Bennett del Tribunal de Distrito de EE.UU. cuestionó por qué el acuerdo no incluía compensación alguna para las víctimas, a pesar de las graves acusaciones de fraude. Además, mostró su desconcierto por la asignación de 20 millones de dólares destinados a fuerzas de seguridad y control migratorio, un aspecto que, según él, no guardaba relación con los cargos originales del caso.

«Pensé que estaba tratando con personas que habían sido estafadas, con alegaciones de tipos de interés por encima del mercado y ejecuciones hipotecarias indebidas», declaró Bennett durante la vista, sosteniendo en una mano la demanda original y en la otra el acuerdo propuesto. «¿Y ahora se me pide que apruebe un aumento de la aplicación de la ley?»

El magistrado también preguntó: «¿Quién en la sala de negociaciones consideró oportuno destinar 20 millones a las fuerzas de seguridad? ¿De dónde salió esa idea?».

Según la fiscal federal Varda Hussain, la propuesta de incluir estos fondos surgió del estado de Texas, específicamente de la oficina del fiscal general Ken Paxton, quien presentó una demanda similar. Paxton no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Hussain, principal adjunta en la sede central del Departamento de Justicia en Washington, defendió la medida argumentando que residentes y amigos del tribunal habían expresado su preocupación por la seguridad en las urbanizaciones de Colony Ridge tras la presentación de la demanda. «Entiendo cómo puede parecerle a usted, pero le aseguro que esta es una inquietud real que comparten tanto los residentes como los amigos del tribunal», afirmó.

El acuerdo pone fin a una disputa legal de tres años, en la que el Departamento de Justicia y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) acusaron a Colony Ridge de engañar a decenas de miles de consumidores hispanos para que solicitaran préstamos con intereses abusivos que muchos no podían pagar. La promotora se beneficiaba, según los fiscales, al ejecutar hipotecariamente las propiedades.

Exfiscales y agentes que participaron en la demanda original de 2023, tanto del Departamento de Justicia como de la CFPB, mostraron su sorpresa al conocer que la administración Trump había cerrado un acuerdo sin compensación para las víctimas. Un análisis realizado por ProPublica y The Texas Tribune reveló que, de los 183 acuerdos de aplicación de la ley en materia de vivienda y derechos civiles anunciados desde 2018, solo el 6% no incluía compensación para las víctimas, y ninguno destinaba fondos a policía o control migratorio.