Juez declara ilegal el uso de ChatGPT para cancelar subvenciones por DEI en EE.UU.

Un juez federal de Estados Unidos ha dictaminado que la cancelación de más de 100 millones de dólares en subvenciones por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fue inconstitucional y se basó en un proceso discriminatorio que incluyó el uso de ChatGPT.

En una sentencia de 143 páginas emitida el pasado jueves, la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., Colleen McMahon, criticó duramente el método utilizado por el DOGE para eliminar las ayudas económicas. Según el fallo, el departamento empleó inteligencia artificial para determinar si los proyectos estaban relacionados con diversidad, equidad e inclusión (DEI), una práctica que el tribunal consideró discriminatoria y contraria a la Constitución.

El origen del conflicto: una demanda por subvenciones culturales

La decisión judicial responde a una demanda presentada en 2025 por grupos de humanidades, que argumentaban que el DOGE había utilizado criterios injustos para revocar las subvenciones del Fondo Nacional para las Humanidades (NEH). Según el fallo, el departamento descalificó automáticamente proyectos simplemente por incluir características protegidas, como raza, género u orientación sexual, sin una evaluación individualizada.

«Es imposible ignorar que el DOGE utilizó la mera presencia de características protegidas para descalificar subvenciones de la financiación continua», declaró la jueza McMahon en su resolución.

Implicaciones legales y futuras consecuencias

Este caso sienta un precedente importante sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en procesos administrativos, especialmente cuando estos pueden perpetuar sesgos discriminatorios. Expertos en derecho constitucional señalan que la sentencia refuerza la necesidad de que las instituciones públicas garanticen que sus métodos de evaluación sean transparentes, justos y libres de prejuicios.

El fallo también podría tener repercusiones en otros estados de EE.UU. donde se han aplicado políticas similares para recortar fondos a proyectos relacionados con DEI. Organizaciones defensoras de los derechos civiles ya han celebrado la decisión, calificándola como un paso crucial para proteger la equidad en la financiación pública.