El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, insiste en que tiene autoridad para sancionar al senador Mark Kelly (demócrata por Arizona), un capitán retirado de la Armada, por unas declaraciones que él mismo considera "prejudiciales para el buen orden y la disciplina" en las Fuerzas Armadas. Esta postura, central en la demanda por violación de la Primera Enmienda presentada por Kelly, encontró fuerte resistencia durante los argumentos orales ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington este jueves.

Hegseth busca que el tribunal anule una medida cautelar preliminar emitida el pasado 12 de febrero por el juez federal Richard Leon, quien prohibió al secretario aplicar cualquier sanción contra Kelly. Entre las posibles medidas se incluía la reducción de su rango y salario de retiro. La decisión de Leon se basó, principalmente, en un vídeo publicado el 18 de noviembre en el que el senador, junto a otros cinco legisladores demócratas, recordó a los militares su obligación de rechazar órdenes ilegales.

El juez Leon, nombrado por el presidente George W. Bush, determinó que Kelly tenía altas probabilidades de ganar el caso, al considerar que las represalias violarían la Primera Enmienda. Durante la vista en el caso Kelly vs. Hegseth, el abogado del senador, Benjamin Mizer, argumentó que "las sanciones impuestas al senador Kelly son un ejemplo claro de represalia contra un discurso no deseado".

Mizer destacó que la carta de censura que Hegseth envió a Kelly el 5 de enero "reconoce abiertamente que el objetivo es sancionarlo por sus declaraciones públicas". Entre estas se incluyen críticas a los líderes militares por destituir almirantes y generales, así como por rodearse de "sí mismos", y hasta por afirmar que siempre defenderá la Constitución. "El senador realizó todas estas declaraciones, incluido el vídeo, en su condición de miembro de los comités de Servicios Armados y de Inteligencia del Senado, lo que le otorga la obligación constitucional de supervisar las Fuerzas Armadas. El hecho de que sea un veterano condecorado y reciba una pensión militar no da derecho a los demandados a retaliar contra su expresión política protegida", subrayó Mizer.

Sin embargo, Hegseth sostiene lo contrario. Su argumento se sustenta en la decisión de la Corte Suprema de 1974 en el caso Parker vs. Levy, que avaló la condena de un oficial en servicio activo por instar públicamente a los soldados a desobedecer órdenes de despliegue durante la guerra de Vietnam. Ese fallo enfatizó la "necesidad fundamental de obediencia" en la "sociedad especializada" de las Fuerzas Armadas, justificando restricciones al discurso que, en otros contextos, serían inconstitucionales.

El principal debate en el caso Kelly vs. Hegseth radica en si la lógica de Parker vs. Levy puede aplicarse también a oficiales retirados como el senador, lo que implicaría que no podrían expresar opiniones que el secretario de Defensa considere perjudiciales para la disciplina militar. El abogado del Departamento de Justicia, John Bailey, instó al panel del Circuito de Washington a aceptar este planteamiento. Sin embargo, dos de los tres jueces mostraron claras reservas para equiparar a Kelly con el capitán Howard Levy, el médico del Ejército cuya sanción avaló la Corte Suprema en 1974.

La jueza Nina Pillard, nombrada por el presidente Barack Obama, señaló que Kelly, a diferencia de Levy, no incitó a la desobediencia, sino que ejerció su derecho a criticar las políticas militares desde su cargo como legislador. Los magistrados parecieron inclinados a proteger la libertad de expresión de los funcionarios electos, incluso cuando sus opiniones generan controversia en el ámbito castrense.

Fuente: Reason