La teoría de Luisiana es clara: hombres están droguando las bebidas de mujeres con pastillas abortivas y, según el estado, la FDA es responsable por facilitarlo al eliminar el requisito de dispensación en persona para el medicamento abortivo mifepristona. Pero, ¿existe alguna prueba que respalde esta afirmación?

El caso, que ahora analiza el Tribunal Supremo de Estados Unidos, carece de evidencia concreta. Rosalie Markezich, la demandante en el centro del litigio, alega haber sido víctima de coerción reproductiva por parte de su pareja. Sin embargo, su caso no demuestra que las normas de prescripción remota hayan facilitado este tipo de abusos.

¿Qué dice la demanda de Luisiana?

En octubre de 2023, Luisiana y Markezich presentaron una demanda contra la FDA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y varios funcionarios, incluyendo a Robert F. Kennedy Jr. El objetivo era revertir la decisión de la FDA de 2023, que eliminó el requisito de prescripción y dispensación en persona para la mifepristona, permitiendo su envío por correo postal.

Según la demanda, esta medida habría facilitado que "actores malintencionados obtengan pastillas abortivas de prescriptores en otros estados y las añadan en secreto a las bebidas de mujeres sin su conocimiento". Sin embargo, no hay registros públicos que respalden esta afirmación.

La falta de pruebas: ¿un argumento sin fundamento?

Un análisis exhaustivo revela que no existen casos documentados de este tipo de abusos a gran escala. Si esta práctica fuera común, debería haber aparecido en los medios, generado juicios o investigaciones policiales. Sin embargo, una búsqueda en Google desde 2023 solo arroja siete casos potenciales en todo el país:

  • Cuatro casos en Texas (algunos sin confirmar).
  • Uno en Massachusetts.
  • Uno en Illinois.
  • Uno en Ohio.

Además, un informe de la Heritage Foundation de marzo de 2024 solo identificó tres casos recientes y tuvo que retroceder hasta 2007 para encontrar cuatro más. Ninguno de estos incidentes está claramente vinculado a la prescripción remota.

Coerción reproductiva: ¿un problema real o una excusa?

Markezich, residente en Luisiana —un estado con una de las leyes antiaborto más estrictas de EE.UU.—, alega que su pareja la obligó a tomar pastillas abortivas en contra de su voluntad. Sin embargo, el miedo a la coerción no desaparece con las restricciones médicas.

Las mujeres en relaciones controladoras o violentas siguen expuestas a abusos reproductivos, independientemente de las normas de prescripción. Prohibir la dispensación remota no elimina el riesgo de que una pareja obligue a una mujer a tomar un medicamento.

"La coerción reproductiva existe, pero culpar a la FDA por facilitarla es un argumento débil. Las verdaderas soluciones deben enfocarse en proteger a las víctimas, no en restringir el acceso a medicamentos legales", señala un experto en derechos reproductivos.

El debate legal: ¿Puede la FDA ser responsable?

Luisiana argumenta que la FDA debería haber mantenido el requisito de dispensación en persona para evitar posibles abusos. Sin embargo, no hay datos que demuestren que esta medida hubiera prevenido la coerción.

Además, la mifepristona ya era accesible en muchos estados antes de la pandemia, incluso con restricciones. La eliminación temporal del requisito en persona durante la COVID-19 solo normalizó una práctica ya existente en algunos lugares.

El Tribunal Supremo deberá decidir si la demanda de Luisiana tiene fundamento legal. Mientras tanto, el debate sobre cómo equilibrar el acceso al aborto y la protección contra la coerción reproductiva sigue abierto.

Fuente: Reason