El cambio en las demandas por deudas médicas en Connecticut

En Connecticut, los sistemas hospitalarios han dejado de demandar a sus pacientes por deudas médicas debido a la presión social y las críticas por sus tácticas de cobro agresivas. Sin embargo, médicos, dentistas, empresas de ambulancias y otros proveedores sanitarios no hospitalarios siguen recurriendo a los tribunales para reclamar el pago de facturas impagadas, según una investigación del Connecticut Mirror y KFF Health News basada en registros judiciales estatales.

Los datos revelan que, en 2024, las demandas presentadas por estos profesionales representan más del 80% de los casos relacionados con deudas sanitarias en los tribunales de Connecticut. Esta cifra supone un giro radical respecto a hace cinco años, cuando los hospitales eran responsables del 75% de estas reclamaciones. La situación refleja un cambio hacia un ámbito menos regulado, donde los proveedores sanitarios privados no están sujetos a las mismas restricciones que los hospitales.

Diferencias clave entre hospitales y otros proveedores

La mayoría de los hospitales en Connecticut, al ser organizaciones sin ánimo de lucro exentas de impuestos, deben ofrecer ayudas financieras a pacientes de bajos ingresos y cumplir con normativas federales que limitan las prácticas de cobro agresivas. En cambio, médicos privados, grupos médicos y otros proveedores sanitarios no están obligados a seguir estas reglas.

Las demandas suelen ser por cantidades inferiores a 3.000 dólares, pero sus consecuencias para los pacientes pueden ser devastadoras. Entre los efectos más graves se incluyen:

  • Embargos salariales y retenciones en nómina.
  • Embargos sobre propiedades, como viviendas.
  • Aumento de la deuda por intereses y costes judiciales.
  • Dificultades para acceder a futuros servicios médicos.
  • Pérdida de confianza en los proveedores sanitarios.

Casos concretos: el impacto en los pacientes

Allie Cass-Wilson, una enfermera de 36 años residente en Bristol, fue demandada por una deuda de 1.972 dólares de una consulta de ginecología a la que acudió años atrás. Solo descubrió la deuda cuando recibió la notificación judicial. Además, le informaron de que no podría volver a ser atendida en esa clínica.

«Es una situación absurda. ¿Cómo pueden hacer algo así a las personas?», declaró Cass-Wilson, quien vive en un pequeño apartamento cerca de una autopista. «Me dijeron que estaba en una lista negra. Fue un shock. No podía creer que mi proveedor sanitario interrumpiera mi atención médica de esta manera». Finalmente, tuvo que buscar atención en otro centro.

Datos reveladores: quién demanda y cuántos casos hay

Entre 2019 y 2024, el Connecticut Mirror y KFF Health News identificaron más de 16.000 casos relacionados con deudas sanitarias en los tribunales de Connecticut. Para recopilar estos datos, se analizaron registros judiciales en línea con la ayuda de January Advisors, una firma especializada en ciencia de datos.

Aunque la mayoría de los más de 25.000 médicos y dentistas licenciados en el estado no recurrieron a los tribunales para reclamar deudas, más de 400 proveedores sanitarios, incluidos algunos hospitales, presentaron demandas. Entre ellos se encontraban radiólogos, anestesiólogos, oftalmólogos, podólogos, alergólogos, pediatras y dentistas. Estos últimos, junto con periodoncistas y otros especialistas en salud bucodental, presentaron más de 1.000 demandas. Las empresas de ambulancias también demandaron a más de 140 personas.

Un ejemplo es Med-Aid, una empresa con sede cerca de New Haven que proporciona férulas ortopédicas. Aunque la investigación no detalló su actividad en este ámbito, su inclusión en los registros judiciales refleja la amplitud del problema.

Un problema con consecuencias a largo plazo

Las demandas por deudas médicas no solo generan problemas económicos inmediatos, sino que también tienen un impacto duradero en la salud y el bienestar de los pacientes. Estas prácticas pueden evitar que las personas accedan a la atención médica necesaria en el futuro, perpetuando así el ciclo de la deuda y la exclusión sanitaria.

Además, la falta de regulación para muchos proveedores sanitarios privados deja a los pacientes en una posición de mayor vulnerabilidad. Mientras los hospitales están sujetos a normas más estrictas, los médicos y otros profesionales pueden recurrir a tácticas de cobro más agresivas sin las mismas restricciones.

«Es un sistema roto. Las personas que más necesitan ayuda médica son las que más sufren las consecuencias de estas demandas», declaró un experto en políticas sanitarias que prefirió mantenerse en el anonimato.

¿Qué se puede hacer?

Ante este escenario, surgen preguntas sobre cómo abordar el problema de las deudas médicas en Estados Unidos. Algunas posibles soluciones incluyen:

  • Ampliar las normativas que regulan a los proveedores sanitarios privados para que estén sujetos a las mismas restricciones que los hospitales.
  • Implementar programas de ayuda financiera más accesibles para todos los pacientes, independientemente del tipo de proveedor.
  • Promover políticas que limiten las prácticas de cobro agresivas, como los embargos salariales o los embargos sobre propiedades.
  • Fomentar la transparencia en los precios de los servicios médicos para evitar facturas inesperadas.

Mientras tanto, pacientes como Allie Cass-Wilson siguen luchando contra las consecuencias de unas deudas que, en muchos casos, ni siquiera sabían que existían.