Con motivo del Día de la Madre, un grupo de senadores estadounidenses ha denunciado el trato «espeluznante y horrendo» que reciben las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en centros de detención migratoria en Estados Unidos. Los legisladores exigen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que libere inmediatamente a estas mujeres y garantice su seguridad.

Demanda de información y cambios urgentes

Los senadores Richard Blumenthal (D-Conn.), Mazie K. Hirono (D-Hawaii) y Jon Ossoff (D-Ga.) enviaron una carta al secretario del DHS, Markwayne Mullin, en la que solicitan datos detallados sobre las condiciones de detención de este colectivo vulnerable. Además, instan a la liberación inmediata de las mujeres embarazadas bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«No existen casi garantías legales para las mujeres embarazadas en custodia federal», advierten en el documento. Su reclamo llega tras la presentación esta semana de un proyecto de ley por parte de la representante Sydney Kamlager-Dove (D-Calif.), que busca establecer estándares de atención médica para personas embarazadas en cárceles federales, incluidos los centros de detención de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Nuevas normas para proteger a madres en custodia

La propuesta legislativa, denominada Pregnant Women In Custody Act, amplía una ley aprobada en 2022 que solo aplicaba a reclusas bajo custodia del Bureau of Prisons. Entre sus principales medidas destacan:

  • Prohibición del uso de esposas durante el parto y la lactancia;
  • Garantía de atención prenatal adecuada en prisiones, cárceles y centros de detención;
  • Mejora en la recopilación de datos sobre salud materna en instalaciones federales.

«Es inaceptable que no existan salvaguardas legales para estas mujeres. Este proyecto busca corregir esa injusticia y asegurar un futuro más seguro para madres y bebés», declaró la representante Kamlager-Dove en un comunicado.

Datos alarmantes: deportaciones y muertes evitables

Según datos oficiales, entre el 1 de enero de 2025 y el 16 de febrero de 2026, 363 mujeres embarazadas, en posparto o en lactancia fueron deportadas. Durante ese mismo periodo, se registraron 16 abortos espontáneos.

A fecha de marzo de 2025, al menos 126 mujeres embarazadas seguían detenidas en centros de ICE, según la carta de los senadores. Las condiciones varían según el estado o incluso el centro de detención, pero las directrices federales son insuficientes: no existen normas sobre nutrición prenatal en prisión, y en algunos casos se sigue practicando el encadenamiento de reclusas, incluso alrededor del abdomen.

Un centro sin médico para embarazadas

Los senadores también enviaron una misiva a dos empresas privadas, Acquisition Logistics, LLC y Amentum Services, Inc., contratadas por el DHS para gestionar el Campamento Este Montana en El Paso (Texas). Según denuncias, este centro no cuenta con personal médico permanente, pese a albergar a mujeres embarazadas.

«Una mujer que sufrió hemorragias vaginales solicitó atención médica y solo recibió agua, vitaminas prenatales y un control de temperatura», relataron los senadores en su carta. «Nos preocupa profundamente la indiferencia con la que esta Administración trata a esta población extremadamente vulnerable», añadieron.

Llamamiento a la acción inmediata

Los legisladores exigen al DHS que ponga fin a estas prácticas y libere a las mujeres embarazadas, recordando que su detención no solo viola sus derechos humanos, sino que también pone en riesgo sus vidas y las de sus hijos por nacer.