En el oeste de Texas, la ingeniera jubilada Jackie Chesnutt enfrenta un problema común pero poco conocido: pozos petroleros que apenas producen, pero que las empresas mantienen activos para evitar los costes de sellado. En su rancho de 375 acres cerca de San Angelo, cinco pozos operados por CORE Petro apenas extraen un par de barriles al mes, muy por debajo de los requisitos legales.
Chesnutt denuncia que estos pozos incumplen las normas del estado, que exigen un mínimo de cinco barriles diarios durante tres meses consecutivos o un barril diario durante doce meses. Sin embargo, la compañía alega que opera al límite de la rentabilidad y no puede asumir los gastos de cierre, cifrados en decenas de miles de dólares. «No tenemos capacidad financiera para sellar un montón de pozos. No es nuestro negocio», declaró un portavoz de CORE Petro.
La situación afecta a miles de propietarios en Texas. Según el regulador estatal, 99.000 de los 159.000 pozos activos en el estado producen menos de diez barriles al día. Muchas empresas optan por mantener una producción simbólica en lugar de cerrar los pozos, lo que genera contaminación y equipos abandonados en terrenos privados.
«Las empresas reportan la producción mínima para evitar el sellado», advirtió Bryce Dubee, portavoz de la Comisión Ferroviaria de Texas (RRC), el organismo que regula el sector. Activistas y analistas exigen reformas más estrictas para que las compañías asuman los costes de desmantelamiento y no recaigan en el estado.
Texas enfrenta un récord de 11.000 pozos huérfanos —aquellos cuyos operadores han quebrado y quedan sin sellar—. En un informe de 2022, la organización Commission Shift criticó que algunas empresas mantienen pozos «produciendo una cucharadita de crudo o un pie cúbico de gas» solo para eludir la obligación de cerrarlos.
Chesnutt, de 69 años, es una de las pocas propietarias que ha decidido luchar contra este sistema. Tras comprar el terreno en 1998, ha presentado múltiples quejas ante la RRC sin éxito. En un acto de protesta, llegó a cortar el suministro eléctrico a los pozos de CORE Petro, acusando a la empresa de incumplir las normas. La compañía, por su parte, asegura que Chesnutt es quien viola la ley al interferir en sus operaciones.
El debate refleja la tensión entre la industria petrolera, que prioriza la rentabilidad, y los propietarios de tierras, que sufren las consecuencias de pozos abandonados. Mientras el estado lidia con un creciente pasivo ambiental, miles de pozos siguen en un limbo legal, generando riesgos para el medio ambiente y conflictos entre las partes.