Tribunal comercial anula los aranceles universales del 10% de Trump por considerarlos ilegales

Un tribunal estadounidense ha invalidado los aranceles universales del 10% impuestos por el expresidente Donald Trump, calificándolos de ilegales. El Tribunal de Comercio Internacional emitió este fallo el pasado jueves, aunque las medidas podrían seguir vigentes mientras el Gobierno recurre la decisión.

Este veredicto se suma a una serie de derrotas legales que ha sufrido la política comercial de la administración Trump. En esta ocasión, el tribunal ha tumbado el conjunto de aranceles que el Gobierno impuso para sustituir a los declarados ilegales por el Tribunal Supremo en febrero.

El origen de los aranceles y su base legal

Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición nunca antes utilizada, el mismo día en que el Tribunal Supremo anuló la mayor parte de sus aranceles. Esta sección permite al presidente imponer un arancel temporal de hasta el 15% durante un máximo de 150 días para hacer frente a un "déficit grave y prolongado en la balanza de pagos".

Los aranceles en cuestión consistían en un recargo del 10% aplicado a todas las importaciones, con una vigencia prevista hasta el 24 de julio. Sin embargo, el tribunal ha determinado que esta interpretación de la ley otorgaría al presidente un poder ilimitado para imponer aranceles, una facultad que corresponde al Congreso.

Las empresas afectadas y el fallo judicial

Las pequeñas empresas que presentaron la demanda —una empresa de especias y un minorista de juguetes— están representadas por el Liberty Justice Center, el mismo grupo que logró que el Tribunal Supremo tumbara los aranceles anteriores. El tribunal desestimó las reclamaciones de 23 de los 24 fiscales generales estatales, al considerar que sus perjuicios por los aranceles eran demasiado indirectos para demostrar legitimación activa.

"Si el presidente tiene la capacidad de seleccionar entre las subcuentas para identificar un déficit en la balanza de pagos, a menos que todas las subcuentas estén equilibradas, el presidente siempre podría identificar un déficit en la balanza de pagos. Una interpretación tan expansiva de la ley" —afirmó el tribunal— "otorgaría a Trump un poder arancelario ilimitado que pertenece al Congreso".

El debate sobre la definición de crisis económica

Durante las vistas del pasado mes, se discutió ampliamente cómo definir una crisis económica y si Estados Unidos se encuentra actualmente en una. El Gobierno argumentó que el déficit en cuenta corriente —la medida más amplia de lo que EE.UU. paga al resto del mundo frente a lo que recibe, y de la que el déficit comercial es una parte importante— es el equivalente moderno de lo que el Congreso pretendía en la ley de 1974.

Por su parte, los demandantes sostuvieron que el tipo de crisis monetaria que la ley pretendía abordar no existe desde que EE.UU. abandonó el patrón oro en los años 70.

¿Qué sigue ahora?

Tim Brightbill, copresidente del bufete Wiley Rein especializado en comercio internacional, ha señalado que "esta decisión será recurrida por la administración, y ya existe un 'plan C': las investigaciones bajo la Sección 301 que ya están en marcha".

Por el momento, la Casa Blanca no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Conclusión: los aranceles en el centro de la agenda económica

Los aranceles son un pilar fundamental de la agenda económica de Trump. Sin embargo, los tribunales siguen recordando que los métodos que utiliza para imponerlos son ilegales. Aunque estas medidas están programadas para expirar en julio, la administración ha indicado que implementará nuevos aranceles antes de esa fecha, por lo que podría no necesitar ganar en los tribunales.