El debate en el Congreso sobre coches autónomos: ¿seguridad o intereses ocultos?

Cada año, Estados Unidos pierde el equivalente a un estadio de béisbol lleno de personas en accidentes de tráfico. Para ponerlo en perspectiva, desde 2012, el equipo de béisbol Miami Marlins juega en el LoanDepot Park, un estadio con capacidad oficial para 36.742 espectadores, una cifra que coincide con el número de estadounidenses que mueren anualmente en accidentes de tráfico.

Por primera vez en la historia, existe una solución potencial para evitar muchas de esas muertes: los coches autónomos. Sin embargo, su implementación genera controversia. Mientras algunos expresan preocupaciones sobre la seguridad, otros temen por el futuro de los empleos. La oposición de sindicatos y figuras políticas locales ha retrasado su despliegue en ciudades como Washington D.C. y Boston. Ahora, el Congreso de EE.UU. se enfrenta a la tarea de redactar una ley que regule su funcionamiento y los estándares de seguridad que deben cumplir.

Dos proyectos de ley enfrentados

Hasta ahora, los esfuerzos en el Congreso han dado lugar a dos propuestas opuestas. Por un lado, el SELF DRIVE Act, que busca crear la primera normativa federal sobre seguridad de vehículos autónomos. Este proyecto permitiría a los fabricantes certificar sus sistemas bajo un estándar de "caso de seguridad", es decir, una argumentación estructurada y basada en pruebas de que su tecnología no representa un riesgo desproporcionado de accidentes. Además, aumentaría el límite actual de 2.500 vehículos en circulación a 90.000.

El SELF DRIVE Act fue aprobado por una subcomisión de la Cámara de Representantes en febrero con 12 votos a favor y 11 en contra. Ahora, espera su revisión en el comité completo, aunque aún no se ha programado la fecha.

Frente a esta propuesta se encuentra el Stay in Your Lane Act, presentado en el Senado por los senadores Ed Markey (D-Mass.) y Richard Blumenthal (D-Conn.). Este proyecto exige a los fabricantes definir un "dominio de diseño operativo" (ODD), es decir, las condiciones específicas bajo las cuales su sistema está diseñado para operar de manera segura, y prohíbe su uso fuera de ese ámbito.

Intereses ocultos tras el debate

El origen de esta división en el Congreso recuerda a un fenómeno económico conocido como "bootleggers and Baptists" (contrabandistas y bautistas), un término acuñado por el economista Bruce Yandle. Esta teoría explica cómo grupos con motivaciones aparentemente opuestas —como los defensores morales de la Prohibición y los contrabandistas de alcohol en los años 20— pueden alinearse en apoyo a una misma regulación. Los "bautistas" aportan legitimidad pública, mientras que los "contrabandistas" buscan beneficiarse económicamente y ejercen presión política.

En el caso de los coches autónomos, ambos proyectos de ley se presentan como medidas de seguridad, pero cada uno cuenta con su propia mezcla de "bautistas" y "contrabandistas". Sin embargo, a pesar de los discursos centrados en la seguridad, ninguna de las partes está utilizando los datos reales que podrían zanjar el debate.

¿Quién se beneficia realmente?

El argumento "bautista" a favor del SELF DRIVE Act sostiene que más coches autónomos en circulación, y más rápido, salvarían más vidas. Aunque hay evidencia que respalda esta idea, el proyecto también beneficia claramente a las grandes empresas tecnológicas y automovilísticas, que podrían expandir sus operaciones sin restricciones estrictas. Estas compañías actúan como los "contrabandistas" en esta analogía, impulsando una regulación que les permita crecer sin obstáculos regulatorios.

Por otro lado, el Stay in Your Lane Act, con su enfoque en delimitar las condiciones de operación segura, parece más protector y restrictivo. Sin embargo, también podría ser utilizado por actores que buscan frenar la competencia de las grandes empresas, protegiendo así a fabricantes tradicionales o a sectores locales. En este caso, los "bautistas" serían los defensores de la seguridad pública, mientras que los "contrabandistas" podrían ser aquellos que buscan mantener el statu quo para evitar la disrupción tecnológica.

Lo cierto es que, más allá de los discursos sobre seguridad, el debate en el Congreso refleja una lucha de intereses donde la prioridad no siempre es salvar vidas, sino controlar el mercado emergente de los vehículos autónomos.