El Tribunal Supremo de EE.UU. debilita aún más la Ley de Derechos Electorales en un fallo histórico

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, dominado por una mayoría conservadora, ha asestado otro golpe a la Ley de Derechos Electorales de 1965 con una sentencia de 6 votos contra 3 en el caso Louisiana v. Callais. La decisión, anunciada el pasado miércoles, distorsiona el espíritu de la ley para favorecer un resultado político, ignorando tanto su contexto histórico como los objetivos bipartidistas que impulsaron su aprobación tras la Guerra Civil.

Este fallo no solo debilita los avances logrados en décadas de lucha contra la injusticia racial, sino que también sienta un precedente peligroso para futuros casos relacionados con la representación de minorías en el sistema electoral estadounidense.

El caso que redefine la representación en Luisiana

La controversia surgió tras la redistribución de distritos electorales en Luisiana tras el censo de 2020. Aunque más del 30% de la población del estado es afroamericana, la nueva distribución solo mantuvo un distrito con mayoría de votantes minoritarios de seis totales. Los votantes negros demandaron, exigiendo la creación de un segundo distrito con estas características, ya que la división geográfica y política actual diluye su influencia electoral.

En su voto particular, la jueza Elena Kagan explicó el problema central: «Una comunidad minoritaria cohesionada geográfica y políticamente, que enfrenta adversidad por división racial, es dividida —técnicamente llamada 'cracking'— para que pierda toda influencia electoral. Los miembros de esa minoría pueden votar, pero, dados los patrones de votación racialmente polarizados, no pueden elegir a un representante que defienda sus intereses, a diferencia de los votantes blancos».

Tras ganar el caso en instancias inferiores, la legislatura de Luisiana aprobó en enero de 2024 una nueva distribución que incluía un segundo distrito con mayoría de votantes minoritarios. Sin embargo, un grupo de votantes autoidentificados como «no negros» presentó una nueva demanda, alegando que este cambio constituía una manipulación racial ilegal de los distritos. El tribunal inferior desestimó la demanda, pero el estado apeló al Tribunal Supremo, que revisó el caso y emitió su fallo definitivo el pasado miércoles.

Un precedente con raíces en la segregación

Para entender la gravedad de la decisión en Callais, es necesario retroceder hasta 1896, cuando el Tribunal Supremo avaló la segregación racial en el caso Plessy v. Ferguson. En esa época, los jueces declararon constitucional la separación de instalaciones públicas para blancos y negros, siempre que fueran «iguales». El caso surgió cuando Homer Plessy, un hombre negro, fue arrestado por ocupar un vagón de tren reservado para blancos en Luisiana, violando las leyes estatales. Plessy recurrió basándose en la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil para garantizar los derechos de las personas anteriormente esclavizadas.

Más de un siglo después, el fallo en Callais parece repetir patrones históricos, priorizando interpretaciones restrictivas que limitan el acceso de las minorías a la representación política.

Consecuencias y reacciones

La sentencia ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles, que advierten sobre un retroceso en la protección de los derechos electorales de las minorías. Expertos en derecho constitucional señalan que la decisión podría sentar las bases para futuras restricciones en la aplicación de la Ley de Derechos Electorales, especialmente en estados con historias de discriminación racial.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE.UU. y grupos como la NAACP han anunciado que analizarán las implicaciones del fallo y explorarán posibles vías legales para contrarrestar sus efectos.